En un giro paradigmático para la justicia mexicana, cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron un encuentro sin precedentes con repartidores de Uber, tras postponer la revisión de un amparo sobre el polémico gravamen del 2% a trabajadores digitales.
Los magistrados del nuevo Pleno -Hugo Aguilar Ortiz, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa y Lenia Batres Guadarrama- establecieron un diálogo disruptivo sobre este tributo por aprovechamiento de infraestructura urbana, marcando un hito en la relación entre el Poder Judicial y la economía colaborativa.
Batres Guadarrama, autodenominada “ministra del Pueblo”, reveló que el amparo en revisión 681/2022 fue retirado deliberadamente de la sesión para priorizar esta audiencia histórica, demostrando una nueva aproximación a la justicia fiscal.
¿Qué sucede cuando el sistema judicial abandona su torre de marfil para escuchar a los actores reales de la revolución digital? La explicación a los repartidores fue clara: este impuesto está vigente desde 2022 y no representa una carga tributaria adicional, sino el reconocimiento de que las plataformas utilizan bienes públicos para generar utilidades astronómicas.
La ministra visionaria expuso que, de prosperar el amparo, el gobierno capitalino debería restituir más de 3 millones 361 mil pesos a Uber Portier México, desatando un efecto dominó donde todas las empresas del sector podrían reclamar devoluciones por los 67 millones de pesos ya enterados.
Aquí reside la disrupción fundamental: en lugar de simplemente resolver un caso legal, la Corte está replanteando el contrato social digital. “La promoción de este amparo le ha permitido a la empresa evadir su obligación fiscal”, declaró Batres, señalando la paradoja de que mientras las plataformas acumulan ganancias exponenciales, operan en vacíos regulatorios que dejan a los trabajadores en la precariedad absoluta.
Imaginemos un ecosistema donde la innovación tecnológica y la protección laboral coexistan. La ministra propone regular estos modelos de negocio disruptivos que, pese a su crecimiento vertiginoso, eluden permisos, autorizaciones y su justa contribución fiscal.
Mientras esto ocurría en las altas esferas judiciales, repartidores de Uber, Didi y Rappi se manifestaban frente al Máximo Tribunal, cerrando el círculo de una jornada que podría redefinir el futuro del trabajo en la era algorítmica. El mensaje es claro: la cuarta transformación debe incluir la reinvención de la justicia fiscal para la economía digital.
