La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declinado una oportunidad crucial. Al rechazar el análisis de un amparo en revisión sobre las corridas de toros en la Ciudad de México, el máximo tribunal evitó establecer un precedente jurídico en uno de los debates culturales y de derechos animales más polarizantes del país.
¿Por qué el pleno se abstuvo de fijar un criterio único? A pesar de los argumentos de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien destacó la evolución constante de la regulación de los espectáculos taurinos, una mayoría de seis ministros se opuso a atraer el caso. Esta decisión deja sin resolver una cuestión de fondo: la presunta inconstitucionalidad de artículos clave en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal y su polémico Reglamento Taurino.
La investigación revela que el origen del conflicto se remonta a enero de 2024. Una empresa, cuya identidad permanece en el expediente, interpuso un juicio de amparo ante un juez de Distrito. Su batalla legal no era contra una prohibición, sino contra el marco jurídico que, aunque reformado recientemente, sigue permitiendo la celebración de estos espectáculos. Los documentos judiciales consultados muestran una pugna legal que conecta intereses económicos, tradición cultural y una creciente conciencia social sobre el bienestar animal.
Al conectar los puntos, surge una narrativa de evasión institucional. La Corte, en lugar de desentrañar esta madeja legal y ofrecer una postura definitiva, ha optado por el camino de la no intervención. La conclusión es ineludible: el vacío interpretativo persiste, dejando a la fiesta brava en un limbo jurídico donde su futuro inmediato depende de batallas legales fragmentadas, mientras la sociedad espera una respuesta definitiva del máximo órgano de justicia.
