La Corte redefine la legalidad de los autos chocolate en México

Un desafío de proporciones tectónicas llega a la nueva Corte: descifrar el enigma legal de los llamados “autos chocolate”. Los ministros salientes han pasado la antorcha de una de las herencias más disruptivas del sexenio anterior, desafiando a la justicia a pensar más allá del código penal.

Imaginen por un momento: ¿y si estos vehículos no representan un problema de contrabando, sino una solución de movilidad social no reconocida? El pensamiento lateral nos invita a cuestionar si la verdadera irregularidad no está en los automóviles, sino en un sistema que históricamente ha fallado en proveer acceso a transporte digno y asequible.

La administración saliente de López Obrador no promulgó simples decretos; lanzó un experimento social masivo que confronta la rigidez normativa con la realidad pragmática de millones. Al extender el periodo de regularización hasta 2026, se creó un laboratorio vivo de política pública que ahora la Corte debe analizar con visión de futuro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia modificaciones reconociendo “abusos”, pero la pregunta revolucionaria es: ¿cómo transformar este fenómeno de economía informal en un ecosistema de movilidad sustentable e inclusiva?

La Corte enfrenta una dicotomía aparente: importación legal versus regularización de lo ilegal. Pero la mentalidad innovadora ve un tercer camino: la creación de un nuevo estatus jurídico que reconozca la realidad socioeconómica mientras protege la industria y el medio ambiente.

¿Y si en lugar de ver competencia desleal, identificamos una oportunidad para reinventar toda la industria automotriz hacia modelos más accesibles y ecológicos? Los vehículos regularizados podrían convertirse en la punta de lanza de un programa nacional de reconversión tecnológica y modernización del parque vehicular.

La Ministra Loretta Ortiz, con su voto disidente, podría estar señalando no solo problemas jurídicos, sino la necesidad de repensar completamente nuestro marco conceptual sobre propiedad vehicular, movilidad y justicia social.

Este caso trasciende lo automotriz: es el enfrentamiento entre la ley escrita y la ley vivida, entre el ideal normativo y la necesidad práctica. La solución no está en elegir entre blanco o negro, sino en crear un nuevo color jurídico que el mundo aún no ha visto.