La investigación que revela el colapso sanitario
Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) esconden una realidad alarmante: en seis años, la población michoacana sin acceso a servicios médicos públicos se duplicó. ¿Qué sucedió detrás de estas estadísticas que convierten a Michoacán en el tercer estado con mayor desprotección sanitaria del país?
La investigación de este medio descubrió que el punto de inflexión coincide con la desaparición del Seguro Popular en 2018, seguida por la fallida implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Documentos internos y testimonios de trabajadores de la salud consultados confirman que esta transición dejó a miles de personas en un limbo administrativo, sin saber qué institución estaba obligada a atenderlos.
Axel González, coordinador de datos en la organización México, ¿cómo vamos?, reveló en entrevista exclusiva: “El Insabi nunca operó con capacidad real, se convirtió en una anécdota administrativa sin alcance entre la población. Su desaparición y sustitución por el IMSS-Bienestar apenas comienza a implementarse, dejando un vacío de años”.
Nuestra investigación conecta otro dato crucial: el 69% de la población ocupada en Michoacán labora en la informalidad, ubicándose en el octavo lugar nacional. Esta realidad constituye una barrera estructural que impide el acceso a servicios médicos vinculados al empleo formal.
El costo humano de la negligencia institucional
Mientras la narrativa oficial habla de transiciones, los michoacanos enfrentan consecuencias tangibles. La inflación médica en la entidad alcanzó casi 6% durante octubre, con medicamentos cardiovasculares encareciéndose 12.1% -el mayor registro desde noviembre de 2022- y expectorantes aumentando 11.6%.
Testimonios recabados en hospitales privados de Morelia confirman el patrón: familias completas acuden a consultas que cuestan 8.6% más que el año anterior, gastando recursos destinados a alimentación en servicios médicos básicos.
“Las personas incrementan su gasto en salud independientemente de su nivel de ingreso”, confirmó González. “Entre 40% y 50% de la población utiliza servicios privados, incluso aquellos con seguridad social, por tiempos de espera excesivos y percepción de mejor calidad”.
La ruta hacia una solución estructural
La investigación apunta hacia dos soluciones fundamentales: fortalecer el empleo formal y robustecer presupuestalmente las instituciones de salud universales. Expertos consultados coinciden en que sin políticas públicas que impulsen la regularización laboral y mejoren la productividad, el círculo vicioso de desprotección sanitaria continuará.
La revelación final de esta investigación cuestiona las narrativas establecidas: el problema no es solo de transición entre instituciones, sino de un diseño estructural que perpetúa la exclusión sanitaria. Michoacán se ha convertido en el espejo de una crisis nacional donde las reformas sanitarias, lejos de ampliar cobertura, han profundizado las desigualdades.
