La persistente sombra de los desalojos forzosos
Tras años de observar la dinámica urbana y los conflictos sociales en la capital, los datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) no me sorprenden, pero sí me indignan profundamente. Que se hayan abierto 81 expedientes de queja desde 2023 por presuntas violaciones a derechos humanos en desalojos confirma una triste constante que he visto repetirse: la brecha entre la teoría legal y la práctica en las calles es abismal.
Las cifras anuales —34 quejas en 2023, 25 en 2024 y 22 en lo que va de 2025— no son números fríos. Detrás de cada uno hay familias, historias y un trauma profundo. He acompañado a comunidades donde el miedo a perder el techo es una sombra permanente. Estos expedientes, vinculados a la actuación de autoridades locales, son la punta del iceberg de un problema sistémico.
Un mapa de la vulneración: las alcaldías en la mira
El análisis territorial siempre es revelador. Que la alcaldía Cuauhtémoc lidere con 30 expedientes no es casualidad. En el corazón de la ciudad, la presión inmobiliaria y la disputa por el suelo son feroces. Le siguen Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, y otras como Venustiano Carranza, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa. He aprendido que cada zona tiene su propio conflicto: desde la gentrificación en colonias céntricas hasta disputas por regularización en zonas periféricas.
El desglose de derechos vulnerados es un manual de lo que nunca debería ocurrir. El derecho a la seguridad jurídica encabeza la lista con 56 señalamientos. En mi experiencia, esto suele traducirse en notificaciones ilegibles, plazos imposibles y un laberinto administrativo diseñado para el fracaso. Le sigue el debido proceso (32), la integridad personal (22) y el derecho a la propiedad (13). He visto cómo un mismo caso acumula múltiples violaciones, una cascada de fallos donde el ciudadano queda indefenso.
Lecciones aprendidas en el terreno: más allá del papel
El organismo aclara, con razón, que en un expediente pueden documentarse múltiples violaciones. Esto no es una redundancia estadística; es la realidad caótica de un desalojo mal ejecutado. Los procedimientos irregulares, el uso desproporcionado de la fuerza y la opacidad en la información no son fallas aisladas. Son, con demasiada frecuencia, el protocolo. Recuerdo un caso donde las familias solo supieron del desalojo cuando la policía tocó la puerta al amanecer. No hay “debido proceso” que resista esa práctica.
La reflexión de la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, va al meollo del asunto: el derecho a la ciudad es integral. No se puede separar del acceso a una vivienda digna y condiciones de habitabilidad. Los desalojos, cuando son absolutamente necesarios, deben ser el último recurso, no la primera opción. Deben ejecutarse bajo un estricto marco legal, con alternativas de reubicación y, sobre todo, con un respeto inquebrantable a la dignidad humana. La sabiduría práctica nos dice que un desalojo traumático no resuelve un conflicto social; solo lo pospone y lo agrava. La verdadera solución requiere diálogo, voluntad política y entender que detrás de una puerta hay un hogar, no solo un espacio físico.
