La cruda realidad del contrabando en las prisiones mexicanas
Tras años de observar la dinámica carcelaria, he aprendido una lección crucial: un registro rutinario rara vez revela la magnitud real del problema. La tarde del enfrentamiento en el penal de Culiacán, donde perdió la vida José Eleazar “N” y tres internos más resultaron heridos, comenzó con una revisión aparentemente ordinaria. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva solo encontraron tres teléfonos celulares y algunas armas blancas de fabricación casera. En mi experiencia, esto es solo la punta del iceberg.
La verdadera naturaleza del contrabando se revela después de los incidentes violentos. Cuando la tensión estalla en un conflicto armado, como ocurrió aquí, es cuando salen a la luz los arsenales ocultos. Tras la riña, una inspección más exhaustiva descubrió lo que siempre tememos encontrar: siete armas de fuego, incluyendo tres fusiles automáticos de alto poder, y lo más preocupante, un artefacto explosivo artesanal. He visto cómo estos dispositivos improvisados pueden convertir cualquier situación de seguridad en una tragedia mayor.
Lo que más me preocupa, y esto lo he constatado en múltiples centros de reclusión, es el patrón que se repite. Un segundo registro, más minucioso, siempre revela más material del inicialmente detectado. En este caso, encontraron dos pistolas adicionales y tuvieron que inhabilitar el explosivo en una zona controlada. Esta escalada en los hallazgos nos muestra la sofisticación de los métodos de ocultamiento que emplean los internos.
La persistencia del problema en este mismo centro penitenciario es alarmante. En registros anteriores ya se habían incautado armas automáticas, cargadores abastecidos y diversas sustancias controladas. Esto no es un incidente aislado, sino parte de un ecosistema de ilegalidad que corroe el sistema desde dentro. Las revisiones continuas y sorpresivas son necesarias, pero insuficientes si no van acompañadas de una estrategia integral que ataque las redes de corrupción que permiten esta infiltración.
Al final del día, todo el material incautado termina en manos de la Fiscalía General de la República para su investigación. Pero después de tantos años, he comprendido que mientras no abordemos las causas estructurales que permiten este nivel de infiltración, seguiremos repitiendo el mismo ciclo de violencia y decomisos. La seguridad penitenciaria requiere más que operativos reactivos; exige una transformación profunda de todo el sistema.
