Las cifras, frías y contundentes, hablan de un incremento del 9% en los asesinatos de elementos policiales en México, pasando de 320 en 2024 a 348 en 2025. Pero detrás de ese dato estadístico hay una realidad que he visto agravarse con los años: la de un policía municipal, estatal o federal que, en promedio, es ultimado cada día. Estados como Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24) encabezan este lúgubre listado, reflejo de la geografía del conflicto y la disputa territorial.
La organización Causa en Común, cuyo riguroso trabajo de documentación sigo desde hace tiempo, detalla que de esas 348 víctimas en 2025, 321 eran hombres y 27 mujeres. Una lección dolorosa que confirma la experiencia es que la violencia no distingue el estatus operativo: 198 estaban en activo, 100 estaban de franco –un momento de vulnerabilidad máxima–, 26 eran expolicías y en 23 casos la información fue insuficiente. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum (octubre de 2024), la suma nacional asciende a 442 agentes caídos, siendo la policía municipal (273) la más golpeada, seguida de las estatales (147) y las federales (22).
Lo que más marca a cualquiera que haya estado cerca de estos casos es la saña. No son simples ejecuciones; son mensajes. Las notas periodísticas revisadas por la organización describen masacres, mutilaciones, descuartizamientos y tortura. He aprendido que esta brutalidad no es aleatoria; es una estrategia de terror calculada para desmoralizar a las instituciones y a las comunidades.
Una tendencia que clama análisis, no solo conteo
Para entender el presente, hay que mirar el pasado reciente. La base de datos histórica de Causa en Común nos muestra una violencia endémica: 446 asesinatos en 2019, un pico de 524 en 2020, y cifras que oscilaron entre 401 y 412 en los años siguientes, hasta el descenso a 320 en 2024. En el sexenio anterior, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se documentaron al menos 2,456 policías asesinados. Estas cifras no son solo números; son el síntoma de una política de seguridad que, en la práctica, ha fallado en proteger a sus propios primeros respondientes.
El otro frente: la protesta desde dentro
Paralelamente a la violencia externa, crece un malestar interno imposible de ignorar. En los primeros once meses del gobierno actual se registraron 73 movilizaciones policiales, un 64% más que en el periodo comparable anterior. He hablado con muchos de estos agentes manifestantes: sus demandas son el grito de una profesión en crisis. Denuncian abusos laborales, exigen la destitución de mandos corruptos o ineptos, reclaman salarios bajos o no homologados, falta de prestaciones, equipamiento obsoleto y descuentos salariales injustificados.
Entre enero y agosto de 2025, hubo 46 de estas acciones: 23 manifestaciones, 20 paros y 3 emplazamientos. La mayoría (54%) fue impulsada por policías municipales, los más precarizados. Geográficamente, el descontento se concentra en Michoacán, Puebla, Oaxaca, Baja California e Hidalgo. Esto nos enseña que la insatisfacción y el peligro suelen ir de la mano en los mismos territorios.
La raíz del problema: precariedad institucionalizada
Tras décadas observando este fenómeno, puedo afirmar que el núcleo del problema es la precariedad laboral institucionalizada, especialmente en las corporaciones municipales. El informe “Las policías en México. Radiografía de un retraso crónico” lo expone con crudeza: hay una regulación deficiente y un financiamiento raquítico, agravado a nivel federal por la militarización del presupuesto y a nivel local por la mala administración.
El acceso a servicios de salud y a una pensión digna es un espejismo para muchos. Según el INEGI, mientras el 92% de los policías estatales tiene afiliación a seguridad social (IMSS, ISSSTE o institutos locales), esa cobertura se desploma al 53% entre los municipales. Cuatro de cada diez agentes reportan que su salud se deteriora por el trabajo, con padecimientos como alteraciones de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad y fatiga crónica –el temido síndrome de burnout o desgaste profesional–.
En casos extremos, esta tensión constante deriva en problemas psicológicos severos, adicciones, incapacidades e, incluso, muertes por accidente o suicidio. He visto cómo el sistema consume a sus propios guardianes.
La evaluación de Causa en Común sobre las policías estatales en 2024-2025 revela más fallas estructurales: deficiencias en el desarrollo institucional, opacidad en los procesos de certificación, una perspectiva de género ausente, falta de regulación en el uso de la fuerza y equipamiento de protección insuficiente. La priorización de las instituciones castrenses para tareas de seguridad pública ha venido, en la práctica, en detrimento del fortalecimiento de las policías civiles.
La conclusión, basada en la experiencia acumulada, es clara: se requiere un cambio de paradigma. Urge un enfoque que priorice el desarrollo de las instituciones policiales civiles, garantice la aplicación efectiva de la normativa, proteja los derechos laborales de los agentes y asegure una transparencia absoluta en el uso de la fuerza y los recursos. Sin esto, las cifras de asesinatos y protestas no solo persistirán; seguirán aumentando. La seguridad de un país comienza por la seguridad y dignidad de quienes juran protegerlo.
