La delgada línea entre el protocolo y la tragedia policial

En mis años cubriendo la seguridad pública, he sido testigo de cómo un instante de pánico puede desencadenar una cadena de eventos irreversibles. El video que circuló este martes desde un punto de revisión en la colonia Jardín Balbuena es un crudo recordatorio de esta amarga realidad. La secuencia, difundida masivamente en redes sociales, muestra a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) disparando a quemarropa contra un joven motociclista de 21 años, quien posteriormente falleció a causa del impacto en la cabeza.

Según el reporte oficial de la dependencia, los hechos se suscitaron cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se tornaron agresivos durante la inspección de rutina, desatando una confrontación física con los oficiales. En la refriega, uno de los agentes habría recibido golpes, lo que precipitó que desenfundara su arma reglamentaria y efectuara el disparo mortal. Sin embargo, la grabación ciudadana que documentó el episodio presenta matices profundamente inquietantes que contradicen la narrativa simplista de la legítima defensa.

La cinta evidencia un hecho incontrovertible: el joven recibió el impacto por la espalda, mientras se alejaba del altercado y se dirigía hacia su vehículo. Esta circunstancia específica es la que ha avivado el intenso debate en la esfera pública y entre expertos en protocolos de actuación. He analizado decenas de casos similares a lo largo de mi carrera, y siempre regreso al mismo principio: el uso de la fuerza letal es el último recurso, justificable únicamente cuando existe una amenaza inminente, real y directa contra la integridad del oficial o de terceros. Cuando un sujeto da la espalda y se retira, esa amenaza, por definición, se desvanece.

La reacción en plataformas digitales fue inmediata y visceral, polarizando la opinión pública. Por un lado, surgieron voces que condenaban enérgicamente el acto, calificándolo de homicidio con alevosía y ventaja, subrayando que la víctima se encontraba desarmada y en retirada. Por otro, aparecieron argumentos que, si bien no justificaban el desenlace fatal, contextualizaban la agresión previa del civil hacia la autoridad, cuestionando la inocencia absoluta del fallecido.

Este caso trasciende el incidente aislado y se erige como un síntoma de un desafío estructural mucho más profundo. Plantea preguntas incómodas pero necesarias sobre la capacitación continua en desescalamiento de conflictos, el manejo del estrés en situaciones de alta tensión y la rendición de cuentas dentro de las corporaciones. La verdadera “legítima defensa” no es un concepto abstracto para esgrimir a posteriori; es un estricto marco legal y ético que debe aplicarse segundo a segundo, bajo la lupa escrutadora de la sociedad a la que se debe servir y proteger. La lección más dura que deja este trágico suceso es que la confianza ciudadana, una vez perforada por un disparo a la espalda, es mucho más difícil de sanar que cualquier herida física.