La designación judicial que enfrenta al Congreso de la CDMX

La designación de un integrante del flamante Órgano de Administración Judicial, el ente que reemplaza al extinto Consejo de la Judicatura y que tendrá bajo su responsabilidad la administración de los cuantiosos recursos del Poder Judicial capitalino, se encuentra en un punto muerto dentro del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué intereses están realmente impidiendo el consenso?

La composición de este nuevo organismo, según lo estipulado, será de cinco miembros con mandatos de seis años: tres designados por el propio Poder Judicial, uno nombrado por la Jefatura de Gobierno y un quinto miembro cuya elección recae en el Legislativo local, requiriendo una mayoría calificada. Sin embargo, la negociación entre Morena, el PVEM y los partidos de oposición se ha fracturado. Nuestra investigación revela que el verdadero escollo es el perfil de la candidata propuesta.

El acuerdo promovido por el grupo parlamentario de Morena busca imponer a Sara Alicia Alvarado Avendaño para el cargo. No obstante, desde las bancadas del PVEM y la oposición se alzan voces de rechazo, argumentando con documentación en mano que su perfil profesional carece de los requisitos indispensables y la experiencia técnica necesaria para un puesto de semejante envergadura y responsabilidad financiera. ¿Se está privilegiando la lealtad política sobre la idoneidad?

Al ser cuestionada directamente sobre estas críticas, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, ofreció una declaración que ha generado más escepticismo que certeza: “Todos tenemos derecho a aprender”. Bravo defendió la postura comparándola con la llegada de legisladores noveles o de mujeres jóvenes al poder judicial, afirmando: “Confío en que lo harán extraordinariamente bien… démosle oportunidad a los jóvenes y mujeres que aprendan, sin echar a perder”. Esta postura, ¿responde a una genuina apuesta por la renovación o es un eufemismo para encubrir un nombramiento cuestionable?

Por otro lado, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, puso el dedo en la llaga al señalar una contradicción fundamental. Atayde recordó que uno de los supuestos pilares de la reforma judicial era precisamente erradicar las prácticas de cuotas y cuatachismos (“cuotas y cuates”). En una entrevista exclusiva, afirmó: “Si la propuesta sigue siendo la misma… me parece que no cumple con los requerimientos técnicos”. Su testimonio apunta a que la prometida depuración del sistema podría estar naciendo viciada.

La persistente investigación de este medio conecta los puntos de una narrativa preocupante: la creación de una nueva estructura judicial, supuestamente más transparente, se ve empañada desde su origen por las mismas prácticas que juró combatir. La revelación final es que esta pugna por una sola designación no es una mera trifulca política; es la primera batalla por el control del poder real detrás de la administración de justicia en la capital, y todo indica que la meritocracia podría ser la primera baja.