La disrupción judicial redefine el equilibrio de poder en México

Un nuevo capítulo constitucional se escribe en México, no con tinta, sino con un acto de reingeniería institucional que desafía los cimientos del pacto republicano. La toma de protesta de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trasciende un mero relevo generacional; es la materialización de una visión disruptiva que busca desmantelar lo que sus impulsores denominan el “viejo régimen neoliberal”.

Imagine un tablero de ajedrez donde las piezas se redesignan a mitad de la partida. Eso representa la llegada de esta nueva cohorte de juzgadores, emanados del denominado Plan C y una elección judicial sin precedentes. La sesión en el Senado, custodiada por un operativo de seguridad masivo, fue más que un protocolo: fue el epicentro de un terremoto político. Con la presencia simbólica de figuras clave del Ejecutivo, el acto fue celebrado por la coalición oficialista como una victoria histórica contra un sistema judicial que consideran obsoleto y capturado por intereses particulares.

Pero toda revolución genera su contrarrelato. Mientras las bancadas oficialistas ovacionaban, la oposición articulaba una narrativa de alarma. ¿Es esto una modernización necesaria o una captura del último poder autónomo? Las críticas del PAN y Movimiento Ciudadano, y la ausencia deliberada del PRI, pintaron el acto de ilegitimidad, advirtiendo sobre un proceso viciado y el riesgo de un poder hiperconcentrado. La metáfora de la manta desplegada –”Por sus sentencias se les conocerá”– no es una despedida, sino un desafío lanzado al futuro.

La figura del ministro Arístides Guerrero, asistiendo en silla de ruedas y con oxígeno tras un accidente, se erige como una potente metáfora de la fragilidad y la resiliencia de las instituciones. Su presencia física, contra todo pronóstico, simboliza la intensa polarización que rodea este momento.

El verdadero parteaguas no fue la ceremonia, sino la sesión posterior en el pleno de la SCJN, donde esta nueva mayoría comenzó formalmente sus labores. El futuro del aborto, las energéticas, los derechos digitales y la autonomía de organismos reguladores ahora pasarán por el filtro de esta nueva lógica. El desafío para estos nueve juristas es monumental: demostrar que pueden operar con independencia y no como meros validadores de un proyecto político. La disyuntiva es clara: ¿serán recordados como los arquitectos de una justicia más popular y accesible o como los jueces que enterraron la división de poderes?

La historia los juzgará, pero el debate está servido. México ha puesto en marcha un experimento judicial de alto riesgo cuyo resultado redefinirá la democracia misma.