En un giro de eventos que ha dejado perplejos a los ciudadanos de a pie—aquellos que aún creen en la casualidad—, la maquinaria de justicia tabasqueña ha logrado la proeza sin precedentes de vincular a proceso a un hombre que, hasta hace poco, era un pilar del orden público. Nos referimos, claro está, al exsecretario de Seguridad Pública, el ahora célebre Hernán Bermúdez Requena, también conocido en los círculos íntimos del hampa como “El Comandante H” o, con un toque más familiar y entrañable, “El Abuelo”.
Foto: El Universal.
La tarde de este martes, en una ceremonia judicial que se desarrolló tras puertas cerradas—como si se tratara de un ritual masónico y no del escrutinio público que merece un caso de esta magnitud—, un juez de control tuvo la audacia de determinar que existen indicios de que el ciudadano Bermúdez podría haber estado involucrado en menesteres tan vulgares como la asociación delictuosa, el secuestro exprés y la extorsión. ¡Vaya descubrimiento! Es como encontrar agua en el océano.
Para sorpresa de nadie, el magistrado Ramón Adolfo Brown Ruiz, en un acto de congruencia administrativa, ratificó la prisión preventiva oficiosa para el presunto cerebro de “La Barredora”. Qué nombre tan apropiado para un grupo que, en teoría, se dedicaba a limpiar las calles, aunque al parecer su concepto de “limpieza” era más bien patrimonial. La justicia, en su infinita sabiduría, ha decidido que el señor Bermúdez continúe su residencia en el lujoso penal de máxima seguridad del Altiplano, un complejo carcelario que se ha convertido en el destino turístico predilecto para la élite del crimen organizado.
Las fuentes del Tribunal Superior de Justicia, esas voces anónimas que siempre iluminan los vericuetos del poder, han declarado con solemnidad que la Fiscalía local aportó “pruebas suficientes”. Uno no puede evitar preguntarse cuán “suficientes” deben ser las pruebas cuando el acusado era la máxima autoridad encargada de perseguir los mismos delitos que ahora se le imputan. Finalmente, en un gesto que simula diligencia, el juez ha concedido a los fiscales un plazo generoso de tres meses para una “investigación complementaria”. Tiempo suficiente, sin duda, para que los hilos sueltos de esta tragicomedia se anuden o, más probablemente, se deshagan por completo.
