La explosión que cuestiona tres décadas de permisos de gas

La explosión de una pipa de gas licuado de petróleo en el Puente de la Concordia no es un incidente aislado; es el síntoma de un ecosistema regulatorio fracturado. Mientras las llamas se apagaban en Iztapalapa, se encendía un debate incómodo: ¿cómo una empresa con un permiso federal vigente por 30 años opera en la delgada línea entre el cumplimiento y la catástrofe?

Transportadora Silza, titular de la autorización, proyectó una inversión millonaria en infraestructura y cumplió con los requisitos técnicos sobre el papel. Sin embargo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) afirma que la compañía carecía de una póliza de seguro activa, el mismo día del siniestro. Esta contradicción no es una simple falla administrativa; es un colapso sistémico que cuestiona los pilares de la supervisión.

El analista energético Ramsés Pech lanza una pregunta provocativa: si la ASEA es el órgano supervisor, ¿su responsabilidad se limita a anunciar irregularidades o a prevenirlas? La autorización de tres décadas, otorgada en 2006, ahora pende de un hilo. La empresa insiste en que su seguro estaba vigente y asume su responsabilidad, pero el expediente ya está manchado.

Este suceso conecta puntos aparentemente inconexos: un permiso de transporte, una multa por prácticas monopólicas y una explosión. Silza Gas es parte de Grupo Tomza, un conglomerado que en 2022 fue sancionado por la extinta Cofece con una multa histórica por colusión para manipular precios del combustible. ¿Es la falta de competencia el caldo de cultivo para relajar las medidas de seguridad?

La verdadera innovación disruptiva no estaría en otorgar permisos, sino en reinventar la supervisión. Imaginemos un sistema de monitoreo en tiempo real, donde sensores IoT en las pipas alerten sobre fallas mecánicas y pólizas digitales se verifiquen automáticamente en una blockchain pública. Un modelo donde la seguridad proactiva, no reactiva, sea el único requisito para operar.

La lección va más allá de una empresa. Cuestiona un modelo que prioriza la vigencia de un documento sobre la integridad de un proceso. La oportunidad post-explosión es clara: transformar la tragedia en un parteaguas para una regulación energética inteligente, donde la tecnología custodie lo que la burocracia no puede. El futuro del transporte de combustibles no necesita más permisos; necesita más ingenio.

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