En un giro digno del más absurdo teatro burocrático, los paladines de la pulcritud moral, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, han sido convocados a inspeccionar un monumental desastre. No se trata de un caso de enriquecimiento ilícito, sino de algo mucho más mundano y revelador: el servicio de limpieza de la mismísima Fiscalía General de la República. Sí, el templo donde se supone se depura la inmundicia legal requiere que alguien vacíe sus papeleras, preferiblemente tras un concurso público tan prístino como el cristal.
El objeto del escándalo es la licitación LA-49-830-049000975-N-3-2026, un código tan enrevesado como los tejemanejes que pretende ocultar. Los auténticos expertos en manchas, los trabajadores de la limpieza, denuncian que este proceso fue pospuesto en tres actos de una comedia esperpéntica, con un único y previsible final: coronar a la siempre reluciente Shiny Place S.A. de C.V. como la reina del trapeador. Una firma que, según sus empleados, brilla por su ausencia de ética, especializándose en prácticas irregulares y en el noble arte de no pagar salarios a tiempo.
El sublime arte de limpiar sin derechos
El modus operandi de Shiny Place es una obra maestra de eficiencia capitalista. ¿Cómo maximizar ganancias en el sucio negocio de la limpieza? Simple: no registre a toda su plantilla en el IMSS, omita prestaciones de ley y, cuando el personal osé reclamar, amenácelo con el despido y la confiscación del sudor ya vertido. “Siempre es lo mismo”, gime Carlos, un filósofo moderno con trapo y cubo, “uno debe aguantar los malos tratos para que magnánimamente le devuelvan lo que ya es suyo”. Sus protestas, como las registradas frente a la Guardia Nacional, son el decorado de una farsa donde el ciudadano pide clemencia al sistema por el crimen de exigir su propio salario.
La maquinaria estatal: bien engrasada para la inacción
Frente a este panorama, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) despliega una estrategia de intervención tan audaz como imperceptible: la inmovilidad absoluta. Mientras, la Secretaría Anticorrupción recibe la petición de revisar un fallo “lleno de irregularidades”. He aquí la alegoría perfecta: el Estado, en su ala izquierda, contrata a una empresa que explota trabajadores; en su ala derecha, una secretaría investiga la corrupción del contrato; y en el centro, otra secretaría observa, impasible, la violación de las leyes que juró hacer cumplir. Es un ballet de incompetencia y cinismo donde cada institución se pasa la pelota de la responsabilidad, mientras los trabajadores barren las migajas de un banquete al que nunca fueron invitados.
Así, en los pasillos de la FGR, donde se investigan los delitos de la nación, la única certeza es que la mugre moral se acumula más rápido de lo que cualquier humano, mal pagado y sin seguridad social, puede limpiar. La verdadera licitación fraudulenta no es la del servicio de limpieza, sino la que vendió la idea de que las instituciones públicas sirven para limpiar algo más que sus propios suelos.
