En un despliegue de eficacia tan sorprendente como tardía, las fuerzas del bien —un conglomerado marcial que incluye desde el Ejército hasta la Guardia Estatal, pasando por una fuerza de reacción cuyo nombre evoca glorias ancestrales— han logrado una hazaña sin precedentes: detener a la policía. Sí, ha leído usted bien. No se trata de una metáfora, sino de la literal y grotesca realidad que hoy ensalza el estado de Chiapas.
Un total de 157 custodios de la ley, repartidos entre los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, han sido apresados por la ley que juraron hacer cumplir. La ironía, como un manto de plomo, cubre la noticia. Estos ayuntamientos, por si la coincidencia no fuera suficientemente elocuente, están en las amorosas manos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México, partidos que en sus discursos predican la regeneración moral y el cuidado del entorno, aunque al parecer el entorno criminal les resulta particularmente fértil.
El botín incautado a estos defensores del orden es un catálogo de lo previsible: teléfonos celulares para coordinar no patrullajes, sino extorsiones; bolsas de marihuana que, en lugar de ser decomisadas, formaban parte del inventario; armas hechizas y ponchallantas, herramientas más propias de un narcomenudista que de un servidor público. En Jiquipilas, 31 agentes y su director; en Ocozocoautla, 68 uniformados, incluido el comandante; en Cintalapa, 58 miembros de la planilla. Una limpieza integral, dirán algunos. Otros, más cínicos, lo llamarán una reorganización del negocio.
Este espectáculo dantesco no surge de la nada. Es la culminación lógica de un sistema donde la corporación policiaca se ha convertido en un feudo delincuencial, una franquicia del crimen con placa y uniforme. La chispa que encendió este operativo fue tan brutal como simbólica: la quema de dos bares y el rapto y posterior asesinato de ocho personas, entre empresarios y meseros. Ante tal demostración de poderío criminal, el Estado, herido en su orgullo, decidió actuar. No contra los autores materiales —esos suelen evaporarse—, sino contra sus cómplices institucionales.
La farsa alcanza su clímax en los tribunales. De los 59 detenidos en una operación previa en agosto, solo diez recibieron auto de formal prisión. Los demás, cuyos nombres se esconden tras una “N” que pretende proteger una identidad ya putrefacta, enfrentan cargos por extorsión agravada y abuso de autoridad. Delitos menores, casi burocráticos, si se comparan con la colusión con el narcotráfico que huele en cada bolsa de marihuana asegurada.
Este no es un caso aislado, sino el síntoma de una patología nacional. Diciembre vio caer a 92 policías de Comitán y a un grupo paramilitar autodenominado Los Zorros. Enero pasado fueron 65 elementos en Villaflores y Villa Corzo. Pareciera que, en lugar de erradicar el crimen, la estrategia consiste en rotar el personal corrupto, en un macabro juego de sillas musicales donde la población siempre pierde.
Así, contemplamos el absurdo supremo: un ejército desplegado no para combatir a un enemigo externo, sino para desarmar a sus propios aliados. Los ciudadanos, atrapados en medio, deben preguntarse a quién temer más: ¿a los criminales que operan en las sombras, o a los que portan uniforme y patrullan las calles a la luz del día? En esta alegoría moderna de la descomposición, los guardianes se han convertido en el botín, y la justicia, en un amargo chiste que se repite, operativo tras operativo, sin que nada cambie realmente. La farsa continúa, y todos somos, al mismo tiempo, público y rehenes.
