La farsa diplomática de la no injerencia soberana
En un espectáculo que haría sonrojar al mismísimo Jonathan Swift, el gobierno peruano ha decidido cercenar sus vínculos diplomáticos con México, tras descubrir el terrible crimen de que la nación azteca osó conceder refugio a una perseguida política. ¡La afrenta es tan monstruosa que solo puede compararse con intentar gobernar mediante decretos de disolución congresal!
La cancillería peruana, en un comunicado que parece extraído de Rebelión en la granja, declaró este acto como la gota que colmó el vaso de las “injerencias inaceptables” mexicanas. Porque, como bien sabe cualquier estudiante de derecho internacional avanzado, la soberanía nacional consiste en que los países pueden destituir presidentes por “incapacidad moral permanente” -concepto jurídico de precisión quirúrgica- pero conceder asilo es una violación grotesca de los principios universales.
La Fiscalía peruana, esa institución de imparcialidad proverbial, acusa a la exministra Chávez de coautoría en el delito de rebelión. Curiosamente, en este peculiar universo paralelo, disolver el Congreso se considera rebelión contra el Estado, mientras que disolver relaciones diplomáticas se considera defensa de la soberanía. La lógica, como la justicia, parece tener distintos pesos y medidas según quién maneje la balanza.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, en un silencio que habla más que mil comunicados, parece haberse inspirado en la tradición orwelliana: algunos presidentes son más iguales que otros. Mientras califica lo ocurrido con Castillo como “golpe de Estado” -término que evidentemente no aparece en los diccionarios peruanos- ofrece asilo con la elegancia de quien ofrece café a visitas inesperadas.
La situación alcanza cotas de humor absurdo cuando descubrimos que la ruptura afecta relaciones bilaterales pero mantiene vínculos consulares. Una solución tan coherente como divorciarse pero seguir compartiendo la misma casa: se rompe lo simbólico pero se preserva lo práctico, porque al fin y al cabo, hasta en las crisis diplomáticas más agudas, alguien tiene que tramitar los visados.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional declara nulas prisiones preventivas fuera de plazo, en lo que parece un guiño a ese molesto principio de legalidad que tanto incomoda a los procesos judiciales con olor a persecución política. La Fiscalía, no obstante, mantiene su solicitud de medidas estrictas basándose en el “riesgo de fuga”, ese concepto jurídico tan elástico que puede estirarse para incluir desde terroristas hasta ministras que buscaron refugio en embajadas.
En este gran teatro de lo absurdo donde las palabras significan lo que conviene que signifiquen, la no intervención es el grito de batalla de quienes intervienen constantemente en sus propios asuntos internos, la rebelión es lo que cometen los otros y la soberanía nacional se defiende rompiendo relaciones con quienes piensan distinto. Swift, desde su tumba, sonríe satisfecho: la sátira ya no necesita inventarse, basta con leer los comunicados oficiales.
