La FCPyS es desalojada tras una nueva amenaza anónima
Este lunes, la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM vivió una jornada de incertidumbre y zozobra. El alumnado y el personal docente y administrativo fueron evacuados de manera preventiva tras el hallazgo de un mensaje anónimo que alertaba sobre un artefacto explosivo en las instalaciones.
Según la información recabada, la comunicación fue localizada en los servicios sanitarios del emblemático edificio A, un detalle que, en mi experiencia, suele ser común en este tipo de intimidaciones, buscando generar el máximo impacto disruptivo con el mínimo riesgo para el autor. Las autoridades universitarias no dudaron y activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para estos casos de emergencia.
Afortunadamente, y esto es lo más importante, no se reportan personas lesionadas. El perímetro de la facultad fue acordonado de manera inmediata por el equipo de vigilancia universitaria, una respuesta que, tras años de observar estas situaciones, demuestra la crucial importancia de tener procedimientos claros y un personal entrenado. La rapidez con la que se ejecuta el desalojo puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.
Lo que añade una capa de profunda frustración a este episodio es el contexto. La suspensión de actividades se produce justo el día en que se tenía previsto reiniciar las clases, después de un paro académico que la propia UNAM decretó a partir del 29 de septiembre. Este cese fue una respuesta a una serie de amenazas digitales persistentes, un fenómeno que, lamentablemente, se ha vuelto recurrente. He visto cómo este tipo de acciones no solo interrumpen el proceso educativo, sino que erosionan la sensación de seguridad y normalidad que debe prevalecer en un campus. Es un recordatorio crudo de que, más allá de los protocolos, el desafío más complejo es lidiar con la psicología del miedo y la desestabilización que estos actos buscan instalar.
