La FGR desactiva toma clandestina en Escobedo tras meticulosa investigación

En un acto de heroísmo burocrático digno de epopeya homérica, los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han logrado lo imposible: encontrar una aguja en el pajar de la impunidad energética. Tras meses de ardua investigación (que incluyó leer informes anteriores y seguir el rastro del aceite en el suelo), descubrieron una toma clandestina que operaba con la discreción de un elefante en una cacharrería.

El predio, camuflado astutamente como bodega –ese eufemismo universal para “centro de operaciones ilícitas”– albergaba no solo el santo grial del hurto de hidrocarburos, sino también un catálogo de Sears de artículos robados: desde remolques hasta plataformas, pasando por partes de autos que seguramente volverán a ser robadas mañana.

La operación, ejecutada el 17 de julio (fecha que coincidió milagrosamente con el fin del café en la oficina), se realizó bajo el amparo de la Ley Federal para Prevenir Delitos de Hidrocarburos, ese texto jurídico que todos citan pero nadie ha leído completo. Las autoridades, en un alarde de transparencia, omitieron mencionar si encontraron algo más revelador: como facturas a nombre de algún funcionario o manuales de cómo evadir impuestos para principiantes.

Mientras tanto, en otro lugar de México, 47 nuevas tomas clandestinas celebraron su inauguración con piñatas en forma de ducto. Porque en este país, por cada bodega clausurada, nacen dos empresas fantasmas dedicadas al reciclaje creativo de combustible. La FGR, no obstante, ya prepara su próximo operativo: encontrar el unicornio de la corrupción estatal.