La FGR investiga a ocho alcaldes de Morelos por presuntos nexos criminales

La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto la lupa sobre ocho ediles del estado de Morelos, en un operativo que cuestiona los límites entre el poder político y el crimen organizado. Hugo Bello Ocampo, delegado federal, confirmó las pesquisas contra los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan –captados en un polémico encuentro con narcotraficantes–, además de otros seis munícipes cuyas identidades se mantienen en reserva.

¿Podría este caso ser la punta del iceberg de una red de complicidades institucionales? La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) analiza el video donde aparecen los ediles Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro junto a líderes del Cártel de Sinaloa. Fuentes extraoficiales señalan la participación de exfuncionarios cuyos rostros no fueron identificados.

Mientras la justicia federal avanza, Morelos da un giro innovador en materia de seguridad con la inauguración de la Unidad de Atención Temprana (UAT). Este espacio, capaz de atender a 10 mil personas anuales, integra mecanismos disruptivos: desde la emisión de actas especiales hasta la mediación penal con enfoque restaurativo. La gobernadora Margarita González Saravia y el fiscal Edgar Maldonado firmaron un convenio pionero que combina tecnología (como el uso de antenas de la SSPC) con estrategias de inteligencia colaborativa, subsanando años de desconexión operativa.

Este contraste entre pesquisas judiciales y políticas públicas revela una dualidad fascinante: ¿estamos ante el colapso de un sistema corrupto o la gestación de un nuevo paradigma de justicia? La respuesta podría redefinir el futuro de la seguridad en México.