Un sistema en jaque: cuando la corrupción permea las instituciones
La Fiscalía General de la República ha intensificado su pulso contra las estructuras de poder tradicionales, solicitando una nueva orden de aprehensión contra el contralmirante Fernando Farías Laguna. La ausencia del mando naval en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya no es simplemente una evasión procedural; representa la punta del iceberg de un ecosistema de corrupción institucionalizada que desafía los fundamentos mismos del Estado de derecho.
¿Qué ocurre cuando quienes juraron proteger la nación se convierten en arquitectos de su desestabilización? Las fuentes judiciales confirman que el Ministerio Público Federal ha solicitado a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez el mandamiento judicial para capturar al oficial, acusado de tejer una red de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Esta no es una investigación convencional: es un terremoto institucional que cuestiona la integridad de nuestras estructuras de seguridad nacional.
La desaparición estratégica y el colapso de la confianza
La reiterada ausencia de Farías Laguna y su defensa en las audiencias judiciales -reprogramadas en tres ocasiones- revela un patrón calculado de evasión. El sistema ha respondido catalogándolo como prófugo de la justicia, especialmente después de que su amparo contra la captura inicial fuera denegado. Pero más allá del caso específico, este escenario nos obliga a preguntarnos: ¿cómo desmantelamos redes criminales que han aprendido a operar desde dentro del propio aparato estatal?
La jueza Hidalgo Pérez enfrenta ahora una decisión crucial que trascenderá el ámbito legal: su resolución sobre la procedencia de la orden de captura podría establecer un precedente histórico en la lucha contra la infiltración del crimen organizado en las fuerzas armadas. Mientras tanto, la defensa del contralmirante insiste en una nueva reprogramación para el próximo sábado, en lo que parece ser una estrategia dilatoria que prueba la resistencia del sistema a purgarse a sí mismo.
Reimaginando la rendición de cuentas institucional
El caso del contralmirante Farías Laguna -sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán– y su presunta dirección de una organización criminal integrada por marinos y agentes aduanales dedicada al tráfico ilegal de combustible, nos confronta con una realidad incómoda. La tradicional dicotomía entre “instituciones limpias” y “elementos corruptos” se desvanece ante evidencias de simbiosis estructurales.
La solución no reside únicamente en perseguir individuos, sino en rediseñar radicalmente los mecanismos de transparencia y vigilancia interna. Necesitamos protocolos que impidan la formación de estos cárteles institucionales, sistemas de alerta temprana que detecten patrones de colusión, y sobre todo, una ciudadanía que exija rendición de cuentas sin excepciones. El huachicol fiscal no es solo un delito económico: es un síntoma de la metamorfosis del crimen organizado hacia formas más sofisticadas y peligrosas de corrupción sistémica.
