En un alarde de diligencia que ha dejado atónita a la comunidad internacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha anunciado, con la solemnidad de quien descubre la pólvora, la puesta en marcha de dos complejísimas líneas de investigación para desentrañar el misterio de la pipa que estalló. La primera, un prodigio de deducción lógica, explorará la revolucionaria hipótesis de que el conductor quizás, solo quizás, iba demasiado rápido. La segunda, aún más audaz, se atreverá a preguntar si la empresa dueña del artefacto cumplía con la normativa, un concepto tan novedoso que ha requerido la inmediata movilización de un batallón de agencias.
Para tamaña empresa, la fiscalía ha desplegado en el lugar de los hechos a su cuerpo de élite: una legión de peritos en criminalística, química, incendios, explosiones, tránsito terrestre, seguridad industrial, mecánica, video, fotografía y, se sospecha, también en astrología y alquimia medieval, por si el conductor estaba bajo la influencia de Mercurio retrógrado. La coordinación con la ASEA es tan crucial que se espera que los primeros resultados preliminares de la investigación sobre el exceso de velocidad estén listos para ser analizados por una comisión interdisciplinaria justo a tiempo para el próximo milenio.
Este monumental operativo pericial, bautizado como “Operación Evidencia del Sentido Común”, garantiza que ningún papel quedará sin triplicado, ninguna hipótesis obvia sin comité de estudio y ninguna responsabilidad empresarial sin ser diluida en un océano de trámites y subcomisiones. La empresa Silza, conmovida por tan exhaustivo escrutinio, ya ha anunciado que colaborará enviando sus permisos en pergamino para su correspondiente autentificación paleográfica.
