Foto: El Universal.
Una vez más, el síntoma de una enfermedad crónica se manifiesta: una fuga de hidrocarburos en los ductos de Petróleos Mexicanos, esta vez en los parajes de Nanacamilpa, Tlaxcala. Pero reduzcamos la visión al mero incidente y preguntémonos: ¿y si en lugar de solo controlar fugas, comenzamos a repensar la arquitectura energética desde sus cimientos?
La emergencia, atribuida presuntamente a una toma clandestina, forzó el desplazamiento preventivo de tres mil residentes de San Felipe Hidalgo y Tepuente. La respuesta interinstitucional, con la participación de autoridades estatales, federales y la Guardia Nacional, fue inmediata. Sin embargo, esta reacción es el equivalente a poner una curita en una herida que necesita cirugía mayor. El verdadero desafío no es técnico; es de modelo.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros confirmó las labores y la evacuación, priorizando la integridad de la población. Pero la verdadera prioridad debería ser desmantelar un sistema que hace económicamente viable el robo de combustible. ¿Qué pasaría si, en lugar de perseguir a los huachicoleros, se democratizara la energía y se generaran micro-redes locales que hicieran irrelevante el robo?
El informe preliminar indica que el personal especializado de Pemex trabaja en contener la emanación, una labor que se extenderá por horas. Mientras tanto, una nube de gas se dispersa no solo en la atmósfera, sino en el frágil ecosistema de Nanacamilpa, un santuario mundialmente reconocido por el avistamiento de luciérnagas. La ironía es brutal: la energía que ilumina nuestras ciudades extingue la luz natural de uno de nuestros fenómenos naturales más mágicos.
Este no es un incidente aislado. Es la repetición de un guion ya escrito, un eco del evento registrado en julio pasado en el paraje “Los Colgados”. La repetición no es una casualidad; es la prueba de un fracaso sistémico. El Ayuntamiento de Nanacamilpa activó protocolos, restringió el acceso y habilitó refugios. Son medidas necesarias, pero insuficientes. La solución disruptiva no yace en mejores protocolos de emergencia, sino en reinventar la infraestructura: ductos inteligentes con sensores de flujo en tiempo real, materiales autorreparables y una descentralización radical de la producción energética.
El impacto inmediato parece controlado: no hay reporte de daños materiales o personas lesionadas. El verdadero costo, sin embargo, es invisible y a largo plazo. Es el costo ecológico en un ecosistema único. Es el costo social de comunidades viviendo bajo la amenaza constante. Es el costo económico de un recurso nacional que se fuga literal y metafóricamente.
Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales. Pero la ciudadanía debería exigir algo más: una transición energética audaz que convierta estas tragedias recurrentes en reliquias del pasado. El futuro no está en parchar ductos, sino en imaginar un mundo donde la energía sea segura, limpia y, sobre todo, inteligente. El statu quo es la verdadera fuga que debemos sellar.
