La gran farsa del acuerdo agropecuario nacional
En un espectáculo de virtuosismo burocrático que haría sonrojar al mismísimo Jonathan Swift, los productores y transportistas han sido agraciados con lo que el régimen denomina un “gran paso”, que en el lenguaje vernáculo de la administración federal significa: “hemos acordado seguir discutiendo los acuerdos que acordaremos en futuros acuerdos”. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en un arranque de optimismo patológico, sugirió que la autoridad debe “ganarse la confianza” cumpliendo pagos, como si en el reino de la simulación institucional tal noción no fuera tan anticuada como cultivar con arado de madera.
Este consejo de ilustrados agrónomos destacó con solemnidad que deben “definirse” los precios de garantía, una revelación tan revolucionaria como descubrir que el agua moja. La cuestión de si los productores mayores a 5, 20 y 50 hectáreas estarán incluidos permanece tan envuelta en misterio como los destinos del erario público. Excluir cultivos como el maíz amarillo, el sorgo y el trigo cristalino -advirtieron con voz profética- generaría “desigualdades regionales”, como si la inequidad territorial fuera un descubrimiento reciente y no el deporte nacional institucionalizado.
En un alarde de realismo mágico administrativo, se añadió que aunque se pactaron subvenciones directas, falta determinar “los montos por tonelada, las reglas de operación, el volumen por apoyar, la cobertura nacional y la duración del esquema”. Es decir, todo excepto el nombre del programa. El gran triunfo negociador consiste en que en los próximos 15 días -un plazo que en cronología gubernamental equivale a entre tres meses y nunca- se publicará la “mecánica operativa” para pagos de trigo, mientras los productores pueden alimentarse de promesas y esperanzas burocráticas.
El gobierno central, en un gesto de audacia sin precedentes, ofreció incorporar los temas de granos y oleaginosas en la próxima renegociación del T-MEC, lo que se traduce como: “daremos a nuestros socios comerciales otra razón para imponernos sanciones arancelarias“. Se ratificó el compromiso de pagar subsidios atrasados, porque en la nueva economía surrealista, lo importante no es cumplir a tiempo, sino recordar eventualmente que existió un compromiso.
Como broche de oro a esta ópera bufa agraria, se creará una “fiscalía especializada en delitos de carretera” y se supervisarán los retenes de policías estatales para “evitar extorsiones”. Es decir, combatiremos la corrupción institucional creando más instituciones, en una espiral infinita que haría palidecer al más creativo de los satíricos literarios.
El sublime arte de negociar nuestra propia ruina
El consejo consultor, alcanzando cotas de lucidez alarmante, advirtió que “aceptar discutir la exclusión de maíz y otros granos del T-MEC implica riesgos importantes”, como represalias de Estados Unidos y Canadá. Esta percepción equivale a descubrir que jugar a la ruleta rusa con un revólver cargado podría tener consecuencias negativas para la salud. El posible “incremento del costo de importaciones” especialmente en maíz amarillo -del cual México es “altamente deficitario”- parece un detalle menor en el gran teatro de lo absurdo donde se desarrolla nuestra política agroalimentaria.
En este festival de contradicciones ilustradas, donde se promete seguridad jurídica mientras se amenaza con alterar los tratados comerciales, y se habla de presupuesto suficiente mientras los productores se ahogan en costos crecientes, solo cabe concluir que hemos perfeccionado el arte de gestionar el declive con una sonrisa burocrática y actas de reuniones infinitas. El éxito de los acuerdos -nos aseguran- depende de cumplir compromisos en tiempo, definir reglas claras y evitar distorsiones, es decir, de todo aquello que el aparato estatal ha demostrado ser sistemáticamente incapaz de hacer.
