Un comando de hombres fuertemente armados emboscó a una patrulla de la Policía Municipal de Tepeaca, en Puebla, en un acto de audacia criminal que culminó con la muerte de un oficial y dejó a otro agente herido. Pero, ¿fue un incidente aislado o la punta del iceberg de una estrategia deliberada?
Los hechos se registraron este pasado lunes, mientras los uniformados realizaban sus rutinarios recorridos de vigilancia en un camino rural del Barrio San Diego. La versión oficial, contenida en los primeros reportes, señala que sujetos no identificados que viajaban a bordo de una camioneta abrieron fuego contra los policías sin mediar palabra. El saldo: un hombre muerto en el acto y una colega, alcanzada por los proyectiles, trasladada de urgencia a un hospital local. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿por qué ese camino? ¿En qué habían interferido esos agentes?
La organización no gubernamental Causa en Común, dedicada a la documentación meticulosa de la violencia, aporta el contexto escalofriante. Este episodio no es una anomalía. Su investigación revela que, durante el presente año, en el estado de Puebla ya suman 10 los policías asesinados en cumplimiento de su deber. Cada uno de estos casos, ¿responde a un ajuste de cuentas específico o forma parte de una campaña de terror para amedrentar a las fuerzas del orden?
Al ampliar el zoom a nivel nacional, la perspectiva se vuelve aterradora. El minucioso recuento de la organización contabiliza, en lo que va de 2025, el asesinato de al menos 251 elementos policiacos. Esta cifra cruda se traduce en un promedio de un agente caído cada día. Más alarmante aún es la tendencia: representa un incremento del 22 por ciento en comparación con los datos registrados en el mismo lapso de 2024. Este aumento no es un simple dato estadístico; es una tendencia que exige una investigación profunda. ¿A qué se debe este repunte? ¿Mayor impunidad? ¿Una escalada en la confrontación entre grupos delictivos?
La geografía de la muerte dibuja un mapa claro de la crisis. Los estados que lideran esta macabra lista son: Sinaloa (36), Guanajuato (31), Michoacán (23), Guerrero (21) y Veracruz (17). Estos territorios, históricamente plagados de violencia, parecen ser el epicentro de una guerra no declarada contra quienes portan un uniforme. Los testimonios de familiares y compañeros de las víctimas, recogidos de manera extraoficial, hablan de amenazas previas, de una sensación de abandono y de la perpetua sospecha de que alguien los delató. La narrativa oficial de “hechos aislados” comienza a resquebrajarse ante la evidencia de un patrón sistemático y coordinado. La conclusión es ineludible: proteger a quienes nos protegen se ha convertido en la deuda más urgente y peligrosa de México.
