En un giro tragicómico que sólo la maquinaria gubernamental podía orquestar, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó con la precisión de un elefante en una cacharrería el fallecimiento de la ciudadana Alicia Matías Teodoro. La heroína que, en un acto de amor primal, protegió a su nieta de una explosión de pipa de gas, fue posteriormente rematada por el explosivo combo de incompetencia burocrática y comunicación institucional.
Tras alcanzar la inmolación viral, la señora Alicia se encontró no solo con el 90% de su cuerpo calcinado, sino con el otro 10% sumergido en el kafkiano laberinto de la Secretaría de Salud. En un alarde de eficiencia, el personal médico, esos augures de la medicina moderna, primero la declararon muerta, luego viva, y finalmente la programaron para una cirugía post-mortem, en lo que sólo puede describirse como un innovador protocolo de necro-medicina.
La familia, atrapada en este reality show burocrático, recibió la consabida disculpa institucional, esa moneda de cambio con la que el Leviatán gubernamental paga su ineptitud. “Hay que entender que son seres humanos”, musitó una familiar, encapsulando perfectamente la resignación ciudadana ante un sistema que confunde un hospital con una oficina de trámites.
Mientras, en el Hospital Siglo XXI del IMSS, la nieta sobreviviente se recupera de sus quemaduras, quizá la única que escapó ilesa de las llamas de la negligencia. El policía Sergio Ángel Soriano, ese Quijote en uniforme que auxilió a las víctimas, se erige como el héroe accidental en un sistema donde la compasión es un acto de rebeldía contra el protocolo.
El Gobierno capitalino, en un gesto de magnanimidad propia de un satrapa, brindó apoyo económico para los traslados, porque nada dice “compromiso con la vida” como subsidiar el viaje hacia la propia desgracia. Una farsa sublime donde el heroísmo de una abuela es el único acto de cordura en un teatro de lo absurdo.
