La llegada de un contingente de agentes de la Fiscalía de Michoacán al municipio de Ario, situado a aproximadamente 90 kilómetros al suroeste de Morelia, desencadenó este jueves un evento revelador: la desbandada de al menos ocho elementos de la policía municipal. ¿Qué motiva a un agente armado a abandonar su puesto, sus armas y sus vehículos patrulla ante la simple presencia de la autoridad estatal? Esta fuga precipitada no es un acto aislado de cobardía, sino un síntoma de una dolencia mucho más profunda que corroe la seguridad en la región.
Fuentes del Ministerio Público, bajo condición de anonimato, confirmaron la ejecución del operativo, pero se mostraron herméticas respecto a sus objetivos específicos y a las causas de la reacción de los policías. Este hermetismo oficial plantea más interrogantes que respuestas. ¿Se trataba de una inspección rutinaria o una misión de captura basada en inteligencia de alto nivel? La evidencia abandonada en el lugar se convierte en el primer testimonio mudo de una posible complicidad.
Un patrón de colusión que se repite
Al profundizar en la investigación, surge un inquietante patrón de conducta. Solo en octubre, 18 policías municipales de Salvador Escalante, una localidad vecina, fueron arrestados por sus presuntos vínculos con grupos de crimen organizado. Según reportes de la agencia Quadratín, estos agentes habrían actuado activamente para obstaculizar el avance de las fuerzas militares en el territorio, una acusación grave que señala una infiltración sistémica.
El asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a principios de noviembre, añade otra capa de complejidad al escenario, colocando a Michoacán bajo un foco de atención nacional por la escalada de violencia. Los hilos de esta trama parecen conectarse: hasta la fecha, siete policías municipales han sido vinculados formalmente con este homicidio, tejiendo una red de corrupción que une a funcionarios públicos con la delincuencia.
Las promesas oficiales frente a una realidad esquiva
Frente a esta crisis, la respuesta del gobierno federal ha sido la puesta en marcha de un nuevo plan de pacificación, el cuarto en las últimas dos décadas. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó como una estrategia integral, mientras que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo calificó como una prioridad absoluta. Pero, ¿pueden las declaraciones y los planes contener una realidad tan compleja?
Este despliegue, que ha movilizado a más de 10,500 efectivos militares desde su inicio el 10 de noviembre, ha arrojado cifras iniciales: 134 detenidos, 57 armas incautadas y miles de precursores químicos para drogas sintéticas decomisados. Sin embargo, la fuga en Ario plantea una pregunta incómoda: ¿están las autoridades luchando contra un enemigo externo o desmantelando una estructura de poder paralelo que ha logrado penetrar las mismas instituciones diseñadas para combatirlo? La huida de los ocho policías no es un episodio menor; es la evidencia tangible de que la batalla por Michoacán se libra también desde dentro.
