Una postura desde la experiencia y la observación social
Con décadas de presencia en la vida comunitaria de México, hemos sido testigos de numerosos debates sociales. La reciente inclusión en la agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de un proyecto para invalidar el tipo penal del aborto nos lleva a una reflexión profunda, basada no solo en la doctrina, sino en la observación directa de las realidades familiares y sanitarias del país.
Un análisis más allá de la ideología
Desde nuestra publicación Desde la Fe, hemos analizado incontables propuestas legislativas. Este proyecto en particular, que convertiría la interrupción del embarazo en un derecho absoluto hasta el noveno mes, nos preocupa por sus deficiencias metodológicas. En nuestra experiencia, las sentencias más sólidas son aquellas que escuchan todas las voces y se apoyan en datos verificables, no solo en posturas de organizaciones sociales cuyos argumentos carecen, según nuestro análisis, de sustento estadístico o médico contrastable. Hemos visto cómo ciertas narrativas, que algunos califican como parte de una “ideología del descarte“, pueden simplificar problemas complejos con costos humanos altísimos.
Lecciones aprendidas sobre salud y derecho
El acompañamiento pastoral en hospitales y comunidades nos ha enseñado sobre los riesgos para la salud de la mujer. Un proyecto que no gradúa la protección de la vida conforme avanza la gestación ignora, a nuestro juicio, esta realidad clínica. Tememos, por experiencia histórica, que normalizar la terminación de la vida en gestación pueda llevar a un desprecio social por la dignidad humana fundamental, un fenómeno cuyas primeras señales hemos observado en otras latitudes donde la vida humana no nacida queda relegada frente a otras preocupaciones.
Un llamado al diálogo informado
Por ello, hacemos un llamado al Máximo Tribunal. Las lecciones del pasado nos muestran que las mejores decisiones son las ponderadas. Exhortamos a los ministros a enriquecer el debate con datos científicos y sociales reales, a considerar el impacto en la mortalidad materna y el tejido familiar, y a respetar la esfera de acción de los congresos locales. Aún hay oportunidad, como en tantos otros momentos cruciales de nuestra historia nacional, de buscar un punto de equilibrio que verdaderamente proteja a las mujeres, a las familias y a la sociedad mexicana en su conjunto, sin establecer precedentes jurídicos que, desde nuestra perspectiva, podrían ser lesivos para la convivencia futura.
