CIUDAD DE MÉXICO.- Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan una tendencia alarmante y persistente: mientras la inflación general del país se situó en 3.8% en noviembre, el costo de los servicios médicos se disparó un 4.3%. Pero esta cifra es solo la punta del iceberg. Una investigación más profunda descubre que este rubro lleva 13 meses consecutivos incrementando su precio por encima del índice general, una señal clara de un desajuste estructural en el sector salud.
¿Qué hay detrás de este encarecimiento sostenido? Los registros detallan aumentos preocupantes: la hospitalización general se elevó 5.3%, la atención durante el parto 5.1% y la consulta médica general un 5%. Estas alzas, monitoreadas en las 55 principales urbes del país, plantean una pregunta incisiva: ¿los ciudadanos están recibiendo una mejor atención o simplemente están pagando más por un servicio que podría estar deteriorándose?
La asociación civil Soy Paciente ha encendido las alertas, señalando que este problema de accesibilidad económica se entrelaza con una crisis de transparencia y estandarización. En un webinar reciente titulado “Protocolos médicos y derechos del paciente”, especialistas en calidad hospitalaria y arbitraje médico dibujaron un panorama donde la falta de protocolos actualizados y aplicados con rigor es la norma, no la excepción.
Moraima Cano, gerente de Calidad en el Sanatorio Palmore, fue contundente durante su testimonio: “La visión de un gestor de calidad es clara: entre mejor controlados tengamos los procesos mediante protocolos y procedimientos, más cerca estamos de garantizar una atención segura”. Cano explicó, con la precisión de quien conoce el sistema desde dentro, que un protocolo bien aplicado no es burocracia; salva vidas, empodera al personal, reduce la variabilidad clínica y permite una trazabilidad crucial para auditorías. Su declaración lleva a cuestionar: si los beneficios son tan evidentes, ¿por qué su implementación sigue siendo irregular?
Jesús Olivares, árbitro de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aportó otra pieza clave del rompecabezas desde la perspectiva legal. “El expediente clínico siempre protege”, afirmó, destacando que este documento es la principal herramienta de transparencia y certeza jurídica. Olivares recordó el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, que consagra el derecho del paciente a una información “suficiente, clara, oportuna y veraz”. Sin embargo, su relato sobre la labor de Conamed—orientar, no defender—sugiere que muchos conflictos surgen precisamente del incumplimiento de este derecho fundamental.
La investigación conecta estos puntos aparentemente dispersos: la inflación galopante, la ausencia de protocolos homologados y la opacidad en la información. Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, sintetizó el hallazgo central: “Para garantizar una atención segura y equitativa, necesitamos protocolos actualizados, correctamente utilizados y que sirvan para homologar los servicios de salud en los sectores público y privado”.
La conclusión que emerge es reveladora. El encarecimiento continuo de los servicios médicos no es un fenómeno aislado del mercado; es el síntoma de un sistema fragmentado, donde la falta de estandarización y transparencia genera incertidumbre, incrementa riesgos y, finalmente, traslada costos al bolsillo del paciente. La verdad oculta es que pagar más no garantiza, por sí solo, recibir una mejor atención. La garantía real reside en la implementación rigurosa de protocolos, la documentación impecable y el respeto irrestricto a los derechos del paciente, elementos que hoy brillan por su inconsistencia en amplias zonas del panorama sanitario mexicano.
