Un crimen que reactiva las alarmas
La Fiscal General de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, declaró que ninguna hipótesis está descartada en la investigación del homicidio del comunicador de nota roja, Carlos Ramírez Castro. Pero, ¿qué significa realmente esa afirmación en un estado con un historial lleno de casos sin resolver? La persistente pregunta flota en el aire: ¿se trata de un compromiso genuino o del protocolo habitual tras un crimen que conmociona a la prensa?
La maquinaria institucional se pone en marcha
Inmediatamente después del ataque a balazos en Poza Rica, la Fiscalía Regional Tuxpan abrió una carpeta de investigación. Un equipo de agentes ministeriales y peritos se desplegó en la colonia Cazones. Paralelamente, y esto es crucial, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión inició su propio expediente. Esta duplicidad de procedimientos, según expertos consultados, puede ser una estrategia para cubrir flancos o una señal de la complejidad que se anticipa.
Coordinación y compromisos bajo la lupa
Jiménez Aguirre enfatizó la coordinación con la FGR y las secretarías de seguridad federal y estatal. Reiteró su compromiso con la libertad de expresión. Sin embargo, el escepticismo es un deber periodístico. Estos anuncios de colaboración interinstitucional, ¿se traducirán en acciones concretas o se diluirán en la burocracia? La historia reciente de Veracruz obliga a cuestionar la eficacia final de estos mecanismos.
El escenario del crimen y una ausencia reveladora
El ataque ocurrió en el restaurante bar Troguebirria, un negocio familiar, durante el regreso del reportero tras “un periodo de ausencia”. Este detalle, aparentemente menor, es una pieza clave. ¿Por qué había abandonado la ciudad? La investigación revela un dato estremecedor: en 2024, Ramírez Castro había solicitado medidas de protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). Pero, en un giro que ahora parece trágico, las abandonó y dejó el estado. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Fue por desconfianza en el sistema, por presión, o por una falsa sensación de seguridad?
Conclusión: Más preguntas que respuestas
La narrativa oficial presenta una investigación exhaustiva y multidisciplinaria. Pero el rastro de documentos y testimonios cuenta una historia más sombría: la de un periodista que, a pesar de haber identificado el peligro y haber pedido ayuda oficial, terminó desprotegido y asesinado en un lugar íntimo. La verdadera investigación no solo debe perseguir a los autores materiales, sino que está obligada a indagar por qué el mecanismo diseñado para salvaguardar a los comunicadores falló de manera tan catastrófica. El caso de Carlos Ramírez Castro deja al descubierto no solo la violencia contra la prensa, sino los profundos agujeros en las redes de protección que supuestamente deben contenerla.
