Una audiencia en Nochebuena marca el ritmo de la justicia
Mientras muchas familias se preparaban para la cena de Navidad, el sistema judicial de Sonora activaba sus mecanismos en un caso que ha marcado a la comunidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que este 24 de diciembre, a las 17:00 horas, se llevaría a cabo de manera virtual la primera audiencia inicial por el siniestro en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo. Un encuentro telemático, restringido a los directamente involucrados, que plantea una pregunta incómoda: ¿por qué la urgencia de una vista en una fecha tan simbólica? Las fuentes oficiales prometieron informar “conforme avance la diligencia”, pero el hermetismo alrededor del proceso solo alimenta más interrogantes.
Las órdenes de aprehensión: un mosaico de responsabilidades
Paralelamente a la audiencia, la investigación tomó un cariz tangible con el giro de al menos 25 órdenes de aprehensión. Algunas se ejecutaron en la madrugada, sacando de su rutina a un extenso listado de personas. Los delitos: homicidio culposo, lesiones y otros ilícitos. Los nombres comienzan a dibujar un organigrama de presunta responsabilidad. José Martín Minero Balvanera y Alberto José Galante aparecen señalados por “responsabilidad directa principal”. José Luis Alcalá Bernal, por “responsabilidad directa”, además de otros cargos. La lista se extiende a más de una veintena de individuos, desde Martín Eduardo Dessens Bringas hasta Florencio Díaz Amante, acusados por conducta culposa o incumplimiento de deber legal. ¿Qué patrón emerge de estos nombres? ¿Representan distintos niveles de gestión, supervisión o ejecución dentro de la empresa y los organismos de control?
La tragedia y el rastro burocrático: permisos bajo la lupa
El fuego se desató el 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas en el local ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros. El resultado, 24 fallecidos y 15 heridos, lo convierte en una de las peores tragedias comerciales de la ciudad. Las autoridades han sido cautas al señalar una causa oficial, pero han soltado un dato revelador: la empresa contaba con un programa interno de Protección Civil aprobado en 2019. Sin embargo, una investigación periodística que revisó documentos oficiales descubrió que en 2021, la propia Protección Civil Estatal emitió una evaluación negativa a ese mismo programa. Esto derivó en una revisión exhaustiva de permisos. La pregunta es inevitable: si el programa tenía una evaluación negativa desde 2021, ¿sobre qué base legal o administrativa seguía operando el establecimiento hasta el día de la tragedia?
El cierre masivo: una medida que habla de un problema sistémico
La reacción de las autoridades tras el incendio fue drástica y podría ser la pista más clara de la magnitud de las fallas detectadas. Se ordenó el cierre preventivo de las 68 tiendas Waldo’s en Sonora. Hasta la fecha, solo dos sucursales, en Benito Juárez e Ímuris, han reabierto tras cumplir requisitos. El resto permanece clausurado atendiendo observaciones en seguridad estructural, sistemas eléctricos, señalización y planes de evacuación. Este cierre masivo no sugiere un problema aislado en una tienda, sino posibles deficiencias generalizadas en la cadena. La reapertura, advierten, será gradual y condicionada. Este panorama lleva a la reflexión final: la tragedia del centro de Hermosillo no parece ser el resultado de un simple accidente, sino el punto crítico de un posible entramado de negligencias acumuladas, evaluaciones ignoradas y deberes legales incumplidos, cuyos responsables ahora comienzan a enfrentarse a la justicia en una larga lista de nombres y cargos.
