Una orden de aprehensión pesa sobre los hombros de Jesús Martínez, presidente del consorcio Grupo Pachuca, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera. Las autoridades judiciales exigen su comparecencia inmediata para que expliquen ante un juez una inquietante omisión: su ausencia no justificada en dos audiencias iniciales clave. ¿Se trata de una estrategia legal deliberada o de un desacato temerario a la autoridad?
La figura legal que los acosa es la de desobediencia de particulares en grado de agravio. Abogados penalistas consultados para esta investigación precisan que este tipo penal se configura cuando un individuo o entidad ignora de manera flagrante un mandato o resolución emanada de un tribunal. La pregunta que flota en los pasillos de los juzgados es: ¿qué motivos podrían llevar a dos prominentes figuras del mundo empresarial y deportivo a arriesgarse a una medida tan extrema?
Fuentes con acceso directo al expediente revelaron a este medio que, de persistir en su actitud evasiva, el destino de ambos imputados sería el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. El juzgado ya los ha catalogado formalmente como sustraídos de la acción de la justicia, un estatus que activa el mecanismo coercitivo del estado para obligar al cumplimiento de la ley.
La trama detrás del conflicto legal
Nuestra investigación ha logrado reconstruir el origen de este litigio. Las audiencias desairadas forman parte del núcleo de un proceso mercantil de alta complejidad, centrado en la disputa por los derechos de transmisión televisiva. El conflicto estalló tras la ruptura de las relaciones entre los clubes de fútbol Pachuca y León y la filial mexicana de Fox (operada por Grupo Lauman), todo ello en el marco de una negociación para cerrar un acuerdo directo con la matriz Fox Corp y su plataforma Tubi.
Este pulso corporativo desencadenó una guerra legal transnacional, con una maraña de demandas y medidas cautelares interpuestas tanto en México como en Estados Unidos. Las consecuencias llegaron directamente a los aficionados, con bloqueos de señal que dejaron a numerosas televisoras y suscriptores sin la cobertura de partidos cruciales, mientras en los tribunales se libraba la batalla por decidir qué empresa ostentaba el legítimo derecho a transmitir.
Documentos judiciales a los que hemos tenido acceso confirman que la orden de aprehensión fue girada el pasado 3 de octubre. Esa fecha coincide con la segunda audiencia a la que los ahora requeridos decidieron no asistir. La falta de una justificación formal y válida ante el órgano jurisdiccional fue la gota que colmó el vaso, llevando al juzgador a decretar la medida más contundente. La investigación concluye que este caso trasciende una simple disputa comercial; se ha convertido en un examen crucial sobre la impunidad corporativa y la aplicación de la ley sobre poderosos intereses económicos.
