La justicia encarcela a los sicarios de la censura en Mexicali

En un giro que solo la más retorcida de las sátiras podría concebir, el Estado de Derecho ha decidido, en un arrebato de lucidez teatral, encerrar tras las rejas a un par de chivos expiatorios de lujo. Los protagonistas de esta farsa: Hugo Alfredo “N”, un custodio de la ley que olvidó custodiar la ley, y Hernán “N”, un ciudadano ejemplar recién salido de su rehabilitación social consistente en trabajos forzados disfrazados de servicio comunitario.

El magistrado teatro duró nueve horas, un tiempo récord para la justicia express mexicana, donde se presentaron pruebas tan contundentes como un video que mostraba a los susodichos ejerciendo la noble profesión de la agresión premeditada. La jueza, en un momento de éxtasis legal, declaró el caso como un ataque a la libertad de expresión, ese concepto etéreo que tanto molesta a las autoridades cuando se ejerce.

Las pericias de la investigación revelaron que el señor Hugo Alfredo, quien ostentaba el glorioso cargo de escolta de un empresario (puesto que de por sí no invita a ninguna sospecha), se dedicaba a chóferear el coche de los golpeadores. Hernán, por su parte, demostró su versatilidad laboral pasando de portar armas de fuego de forma ilegal a portar puños contra un periodista de forma igualmente ilegal.

Los motivos para enviarlos a la sombra fueron de una lógica aplastante: el policía no tenía domicilio fijo porque su casa estaba siendo retenida por la Fiscalía, tras descubrirse que era un pequeño arsenal con granadas de adorno. Hernán, por su parte, era un riesgo para la comunidad porque hacía apenas tres meses que había recuperado su libertad, interrumpiendo así su ejemplar proceso de reinserción.

Y como en toda buena obra de suspense, hay un tercer personaje en la sombra: Manuel, un caballero con un historial de tentativa de homicidio y una década de vacaciones pagadas en prisión. La fiscalía sugiere, con la delicadeza de una elefante en una cacharrería, que el policía municipal coordinó el atentado por el módico precio de 4,500 pesos por cabeza, demostrando que el precio de la censura ha bajado considerablemente con la inflación.

Este enriquecedor debate sobre la libertad de prensa fue provocado, cómo no, porque los periodistas afectados se atrevieron a revelar que un alto mando policial ordenó reportar sus cuentas digitales. La consecuencia inmediata y previsible fue que la casa productora “Casacreala” cerró sus puertas, un acto de autocensura que el gobierno seguramente registrará como una victoria para la paz social.

El epílogo de esta tragicomedia está programado para el próximo miércoles, con una audiencia de vinculación que promete más giros argumentales. Mientras tanto, el periodista agredido, Jorge Heras, clama por encontrar al cerebro que contrató al policía que contrató a los sicarios. Una cadena de mando tan clara y transparente como el agua de un charco tras un aguacero en Mexicali.