En un giro que sin duda consolidará la doctrina jurídica de la “inocencia por apellido”, el Poder Judicial de la Federación ha desplegado una celeridad administrativa que dejaría sin aliento a cualquier ciudadano común que haya tenido la osadía de requerir sus servicios.
Una jueza, en un arrebato de eficacia casi sobrenatural, ha concedido a los vástagos del expresidente y a un selecto grupo de compatriotas –entre los que se encuentra un contraalmirante prófugo especializado en el arte del huachicol fiscal– un escudo legal contra toda una gama de potenciales inconveniencias: desde la vulgar orden de aprehensión hasta la radical privación de la vida, pasando por la maleducada incomunicación.
El mecanismo elegido es el amparo, esa figura legal que para el mexicano de a pie es un laberinto kafkiano y para la élite ilustre se convierte en un salvoconducto instantáneo. La magistrada, en un alarde de equidad, no se limitó a suspender de plano cualquier molestia para los agraviados, sino que, en un gesto de consideración exquisita, les otorgó tres días hábiles para decidir si, después de todo, desean o no ratificar la demanda presentada a su favor. Una muestra conmovedora de la flexibilidad del sistema hacia quienes merecen un trato especial.
La suspensión, por supuesto, es tan sólida como un muro de algodón de azúcar. No surtirá efecto si la detención se llevó a cabo ejerciendo las facultades de la autoridad (una ocurrencia tan frecuente) o si, he aquí el detalle, los quejosos están relacionados con la comisión de un delito. Un mero tecnicismo.
El cuadro se completa con un segundo amparo, porque la protección de la progenie presidencial es un asunto de tal envergadura que requiere una redundancia heroica. Otro juzgado se suma a la cruzada para proteger a los López Beltrán de espectros como la “desaparición forzada” o la “posible tortura”, actos que, según la demanda, parecen ser una amenaza inminente emanada de las mismas instituciones del Estado. Una ironía sublime, considerando que fue durante el gobierno de su progenitor que se creó la Fiscalía a la que ahora se acusa de estos desmanes.
En el gran teatro de lo absurdo que es la vida pública nacional, hoy se representa una obra maestra: la justicia se moviliza a velocidad de rayo para proteger a los poderosos de los monstruos que el propio sistema ha alimentado, mientras el ciudadano común espera años por una sentencia. El mensaje es claro: algunos mexicanos son más mexicanos que otros, y su derecho a no ser molestados es, literalmente, indiscutible.
