En un alarde de celeridad administrativa que dejaría sin aliento a los mismísimos caracoles olímpicos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha anunciado, con la solemnidad de quien descubre un nuevo continente, la ejecución de tres órdenes de aprehensión. El delito en cuestión no es una falta menor: se trata del secuestro agravado de una comerciante, un evento traumático que, para sorpresa de nadie con dos dedos de frente, ocurrió en el ya lejano y polvoriento julio de 2016, en la siempre bucólica alcaldía de Iztapalapa.
La máquina burocrática se pone en marcha (a paso de glaciar)
Según relatan las crónicas oficiales, la víctima fue interceptada mientras cumplía con el ciudadano deber de realizar trámites bancarios. Acto seguido, sus allegados recibieron la cordial llamada de un “grupo delictivo” –siempre tan educados para presentarse– que, en un gesto de puro altruismo, ofreció la libertad de la mujer a cambio de un módico rescate de dos millones de pesos. El pago, como en las mejores telenovelas, fue parcial. Lo que no fue parcial, sino absolutamente total, fue la lentitud del siguiente acto: el de la justicia.
Gracias a un trabajo de “inteligencia” y análisis de información que debió de incluir la consulta de calendarios muy antiguos, los sabuesos del Ministerio Público lograron, ¡eureka!, establecer la “probable” participación de tres individuos. Estos presuntos genios del crimen, según se deduce, trasladaron a la comerciante a lo que en el argot se conoce como “casa de seguridad”, un eufemismo encantador para una prisión privada.
La justicia, ese concepto elástico
En un giro que nadie podría haber previsto, resulta que dos de los imputados, Héctor “N” y Mónica “N”, ya disfrutaban de la hospitalidad del estado en una celda por un secuestro diferente. La notificación de esta nueva orden les habrá llegado como una postal de vacaciones tardía. El tercer sospechoso, Everardo “N”, fue finalmente localizado y detenido justo a tiempo para las fiestas de diciembre, nueve Navidades después del hecho. Las diligencias para encontrarlo, que involucraron a múltiples cuerpos policiales, deben de haber sido tan épicas como la búsqueda del Santo Grial.
El gran final (o el interminable primer acto)
El detenido fue conducido al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ahora espera, a disposición de un juez, que se determine su “situación jurídica”. Es aquí donde la farsa alcanza su máxima expresión: la maquinaria judicial, tras una década de letargo, se frota los ojos, se estira y anuncia con orgullo que ha comenzado el proceso. Es un recordatorio perfecto de que en el gran teatro de lo absurdo que es a veces la lucha contra el crimen, la justicia no es siempre la dama velada con una balanza, sino a veces un burócrata que busca frenéticamente el sello correcto en un archivo olvidado. Nueve años. El tiempo suficiente para que un niño complete la primaria, para que una moda vuelva, o para que la esperanza de una víctima se transforme en la más cínica de las resignaciones.
