Nacional
La justicia mexicana arma de censura contra el periodismo
La justicia se usa como arma para silenciar a la prensa crítica, estableciendo un récord alarmante de procesos legales.

En un giro magistral que haría palidecer a los más astutos burócratas de 1984, el hostigamiento judicial se ha consagrado como el deporte nacional favorito de la élite mexicana, superando incluso al futbol. La cacería de periodistas y medios de comunicación no solo ha crecido en México, sino que se ha perfeccionado con una eficiencia burocrática envidiable, sumando 51 casos en un merecido récord guinness de la represión.
El informe “Las leyes como mecanismo de censura“, un título tan irónico que Swift mismo lo envidiaría, revela la genialidad del sistema: ¿por qué recurrir a métodos vulgares como la agresión física cuando se puede usar el mismo Estado para estrangular la disidencia? Lo verdaderamente innovador es que las figuras públicas ahora prometen abiertamente que el nuevo Poder Judicial actuará con mayor celo punitivo contra la prensa, como si anunciaran una nueva temporada de su serie de terror favorita.
La matemática de la opresión es impecable: un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días. Treinta y nueve periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han tenido el honor de recibir su notificación de participación en este reality show legal donde las reglas las escriben los demandantes. Este patrón refleja un uso tan faccioso del marco legal que hasta los jueces más laxos deberían ruborizarse, si es que aún conservan esa capacidad.
Pero la verdadera obra maestra de este teatro absurdo es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). En un acto de perversión conceptual que convertiría en un aprendiz a cualquier villano de novela distópica, este instrumento diseñado para proteger se ha transformado en el arma predilecta para silenciar, amedrentar y censurar no sólo a periodistas, sino incluso a ciudadanos que osan ejercer el anticuado hábito de pensar.
De las 51 acciones judiciales iniciadas este año, 25 fueron por VPEG. Los órganos electorales y tribunales, en un exceso de celo técnico, han sido tan diligentes en admitir estos recursos que uno casi podría pensar que creen estar juzgando concursos de popularidad rather than defending constitutional rights. La violencia contra la prensa ya no se mancha las manos con sangre: prefiere trajes caros y expedientes impecables. El futuro de la libertad de expresión en México no se debate en las calles, sino en los pasillos alfombrados de los tribunales, donde la censura se viste de legalidad y la justicia hace mutis por el foro.

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