La justicia mexicana usa leyes de género para censurar periodistas

En el glorioso reino de la justicia mexicana, donde los principios jurídicos se doblan como varitas mágicas al servicio del poderoso, hemos alcanzado nuevas cumbres de creatividad legal. La noble legislación diseñada para proteger a las mujeres en la esfera política ha sido sabiamente reconvertida en el arma predilecta para acallar molestas voces críticas. El caso más reciente de esta ingeniería jurídica nos llega de la mano de la ilustrísima Silvia Delgado García, recién coronada como jueza penal en Chihuahua tras una brillante carrera defendiendo a próceres de la pharmacopeia nacional como el señor Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La flamante magistrada, en un acto de profunda congruencia democrática, ha decidido demandar a quince medios de comunicación y a la organización Defensorxs por el terrible delito de… informar sobre su candidatura. ¡La audacia! Miguel Alfonso Meza, director de dicha organización, tuvo el descaro de publicar que la ahora jueza era una candidatura “altamente riesgosa”. Como es natural, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua respondió con la velocidad del rayo, iniciando una investigación de 800 páginas y solicitando al SAT, Meta y a la compañía telefónica del periodista todos sus datos personales. Porque nada dice “protección de mujeres” como espiar a críticos del gobierno.

Leopoldo Maldonado de Artículo 19, observador de este circo romano moderno, señala con admirable sobriedad que los funcionarios mexicanos han descubierto en la figura de “violencia política de género” la herramienta perfecta para la censura express: procesos ultrarrápidos, sanciones inmediatas y cero espacio para la defensa. ¡Eficiencia pura! Las disculpas públicas, multas ridículas y cursos de reeducación se aplican en cuestión de horas, demostrando que cuando hay voluntad política, la justicia puede ser realmente expedita.

Los ejemplos se multiplican con la fecundidad de un conejo en primavera. Laisha Wilkins, una actriz que se atrevió a reírse con un “jaja” ante el título “Dora la censuradora”, recibió la visita del Tribunal Electoral en su domicilio. Karla María Estrella de Sonora fue condenada a disculparse durante 30 días, pagar una multa de 50 dólares, leer bibliografía especializada y asistir a cursos de género por el terrible crimen de sugerir que una candidata obtuvo su puesto por amiguismos. ¡La herejía!

El propio INE, en un arranque de lucidez momentánea, advierte en un documento que “no toda la violencia política tiene elementos de género” y que “la política es un espacio de confrontación y debate”. Pero tales sutilezas son ignoradas con entusiasmo por las autoridades electorales, que han convertido esta figura legal en un sistema de control previo de información que haría palidecer de envidia a los censores de las dictaduras más tradicionales.

Así, mientras originalmente esta normativa buscaba ayudar a mujeres enfrentando obstáculos estructurales, hoy se dirige principalmente contra medios de comunicación, periodistas y ciudadanos críticos. Porque en la nueva democracia mexicana, el disenso se cura con terapia de género y la libertad de expresión se protege silenciándola. ¡Viva la revolución legal!