La Imposibilidad de la Libertad: Un Fallo que Trasciende lo Legal
En un veredicto que desafía la impunidad estructural, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera ha rechazado la petición de liberación condicional del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Esta resolución judicial obliga al político a cumplir de manera íntegra su condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de capitales. El fallo estipula que Duarte permanecerá en el Centro de Readaptación Social Norte hasta abril de 2026, fecha que marca el fin de su sentencia. La magistrada fundamentó su decisión en la falta del requisito de conducta ejemplar, un pilar fundamental establecido por la legislación para acceder a cualquier beneficio de preliberación.
¿Qué Ocurrió? El Juicio a la Conducta
El equipo jurídico de Duarte, liderado por el letrado Pablo Campuzano, sostuvo que su cliente había superado el 70% e incluso rozaba el 95% del tiempo de su condena, argumentando su elegibilidad para la libertad. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas contundentes para demostrar que el comportamiento del exintegrande del PRI distaba significativamente de ser modelo, contradiciendo los testimonios favorables presentados por algunos elementos del personal penitenciario.
La audiencia para resolver su situación legal se desarrolló en múltiples sesiones, caracterizadas por continuos aplazamientos y ajustes de última hora. El proceso dio inicio el 3 de noviembre y experimentó una serie de modificaciones en su calendario, atribuidas principalmente a la disponibilidad de los testigos de la FGR. No fue hasta este viernes cuando la jueza Zamorano, quien asumió el cargo tras la elección judicial de junio, emitió su resolución definitiva e inapelable.
Durante las comparecencias, los fiscales especializados de Veracruz enumeraron diversas incongruencias atribuidas a Duarte dentro del penal, incluyendo la tenencia de artículos vedados —como un teléfono móvil, un televisor y una pluma equipada con una cámara—, así como estrategias procesales dilatorias en otros litigios en su contra. En oposición, los testigos de la defensa juraron que el exgobernador mantenía un comportamiento intachable y colaboraba activamente con las autoridades del centro de reclusión.
La Respuesta Institucional y el Contexto Nacional
El debate en torno a su potencial liberación había generado un intenso escrutinio ciudadano, considerando que Duarte se erigió como uno de los emblemas más notorios de la corrupción del PRI durante la administración de Enrique Peña Nieto. Su proceso judicial marcó el declive de la imagen del autodenominado “nuevo PRI”, una facción que prometía una renovación interna pero que terminó envuelta en una miríada de escándalos por malversación de fondos públicos en diversas entidades federativas.
El exmandatario estatal fue aprehendido en 2017 en Guatemala, luego de huir pocos meses antes de que concluyera su gestión y en medio de acusaciones por la utilización de empresas ficticias, testaferros y el desfalco de miles de millones de pesos. Aunque fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión, numerosas investigaciones periodísticas y auditorías gubernamentales han documentado que el pillaje ocurrido durante su gobierno fue de una magnitud muy superior a la que se logró demostrar ante un tribunal.
Duarte albergaba la esperanza de obtener la libertad condicional, hasta el punto de que, de acuerdo con reportes, sus compañeros de reclusión organizaron una fiesta de despedida y él procedió a distribuir sus efectos personales. Sin embargo, la determinación de la jueza Zamorano frustra por completo su salida anticipada y ratifica que deberá permanecer entre rejas hasta la finalización de su condena en 2026.
