La disputa por el líquido vital: más allá del discurso oficial
CIUDAD DE MÉXICO.- En la penumbra de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una narrativa de consenso alrededor de la Ley General de Aguas. Sin embargo, una investigación más profunda revela un escenario fracturado, donde las declaraciones públicas chocan con las tensiones subterráneas que recorren el sector agrícola y los círculos de poder acuífero.
¿Realmente existe un acuerdo generalizado, como afirma el ejecutivo federal? Los testimonios recabados de productores agrícolas en distintos estados del norte y centro del país pintan un panorama distinto: uno de desconfianza y temor a cambios regulatorios cuyas consecuencias finales aún se desconocen.
Los cambios en la ley: ¿control o restricción?
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en que la esencia de la reforma es limitar la mercantilización de los derechos de agua y “poner orden”. Pero, ¿qué orden se busca imponer y quiénes se verán realmente afectados? La mandataria ofreció una pista reveladora: “Más bien quien no está de acuerdo es quien tiene muchísimas concesiones hídricas, que no usan muchas de ellas, o concentraciones ilegales”.
Esta afirmación dirige el foco hacia un núcleo de poder históricamente opaco: los grandes titulares de concesiones. Documentos internos a los que se tuvo acceso muestran patrones de concentración de volúmenes extraordinarios en pocas manos, a menudo mediante un entramado de permisos que la propia autoridad reconoce como “desordenado”. La pregunta que flota en el ambiente es si la nueva legislación tendrá el músculo jurídico para desentrañar y auditar estos acaparamientos.
El dilema del riego y la soberanía alimentaria
El gobierno afirma haber incorporado modificas en diálogo con el campo, especialmente en lo relativo al agua para riego agrícola. No obstante, fuentes dentro de asociaciones de agricultores, que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, señalan que persiste la incertidumbre sobre la garantía de volúmenes a largo plazo y los mecanismos de redistribución. ¿Se está priorizando el derecho humano al agua en las ciudades a costa de la seguridad alimentaria del país?
La narrativa oficial es clara: se debe dejar de ver el agua como una mercancía. Pero en la práctica, la transición hacia un modelo de gestión que combine derechos, sustentabilidad y eficiencia económica es un laberinto lleno de obstáculos. Las declaraciones de Sheinbaum cierran con un concepto contundente: la ley es “indispensable”. La verdadera investigación, la que apenas comienza, consistirá en seguir el rastro de su implementación: quiénes ganan, quiénes pierden y, sobre todo, si realmente logrará proteger el recurso natural más preciado y en crisis de México, o si solo reacomodará los hilos del poder detrás del grifo.
