La licencia menstrual avanza en México pero excluye al sector privado
En la era de la revolución feminista y la democratización de la salud reproductiva, la menstruación sigue siendo un tabú laboral. Mientras empresas globales implementan políticas de bienestar menstrual, México avanza lentamente: solo seis estados (Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León) reconocen este derecho, pero exclusivamente para empleadas públicas.
La dismenorrea —dolor menstrual severo— paraliza a millones. Datos revelan que entre el 45% y 90% de las mujeres lo padecen, con un 20% experimentando síntomas debilitantes. El informe “Menstruación y productividad laboral” expone consecuencias brutales: despidos (2.4%), descuentos salariales (35%) y estigmatización sistémica.
La brecha regulatoria
Sonia Juárez Moreno, experta de la FES Aragón, identifica dos barreras clave: falta de empatía institucional y resistencia corporativa. “No es solo crear leyes, sino transformar culturas laborales”, afirma. Mientras España y Corea del Sur lideran con licencias pagadas, aquí las trabajadoras privadas siguen obligadas a elegir entre su salud y su sueldo.
Hacia un modelo integral
La solución requiere más que permisos. Urgen educación menstrual, flexibilidad laboral con teletrabajo, y acceso a tratamientos. Startups como FemTech ya desarrollan apps y wearables para monitorear ciclos, pero sin políticas públicas, la innovación queda en limbo. El mensaje es claro: igualdad laboral exige reconocer la biología femenina.
