La Marcha que Interpela al Poder Legislativo
Bajo la consigna inequívoca de “aborto legal, seguro y gratuito“, cientos de voces convergieron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. ¿Qué es lo que realmente frena al Senado para legislar sobre un tema que la Suprema Corte ya ha resuelto? La respuesta parece esconderse detrás de la falta de voluntad política.
Al ritmo de cumbia y sonideros disidentes, la protesta se transformó en un espacio de pedagogía pública. ¿Por qué, si la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un derecho, sigue siendo tratada como delito? Los testimonios recabados revelan una realidad fragmentada donde la ley escrita choca contra la aplicación discrecional.
Los Testimonios que el Estado Ignora
Fernanda Pozos, integrante del Fondo María, expone la contradicción fundamental: “La despenalización parcial en algunos estados es una ficción jurídica. Seguimos documentando carpetas de investigación y personas encarceladas”. Nuestra investigación confirma que la criminalización opera como un mecanismo de control social que agudiza la desigualdad estructural.
¿Quiénes cargan con el peso más brutal de esta persecución? Los testimonios recopilados señalan consistentemente a migrantes, adolescentes, la comunidad trans y personas racializadas. La evidencia sugiere que el sistema penal se aplica de manera selectiva y discriminatoria.
La Brecha Entre el Discurso y la Realidad
Julieta Cano, otra de las manifestantes, plantea la pregunta incómoda: ¿Cuántas muertes por abortos clandestinos se necesitan para que el Congreso actúe? Sus declaraciones reflejan el consenso entre especialistas: la penalización no reduce la práctica, solo la hace mortal.
Documentos internos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., a los que tuvimos acceso, revelan un patrón preocupante: aunque la SCJN emitió su fallo, la implementación enfrenta resistencia sistemática en las legislaturas locales. Pascale Brennan lo confirma: “El Senado no ha hecho su trabajo”.
La Deuda Pendiente del Congreso
Fernanda Castro, de GIRE, presenta el meollo jurídico: “Exigimos que el Congreso de la Unión acate la sentencia de la Suprema Corte”. La pregunta que queda flotando es ¿qué intereses están impidiendo que se concrete este mandato constitucional?
La investigación revela que, detrás de la aparente inacción legislativa, existen presiones de grupos de poder que operan en las sombras. Los testimonios y documentos recabados durante esta cobertura periodística sugieren que la batalla por la despenalización total enfrenta obstáculos que van más allá del debate público.
Conclusión: Una Lucha que Trasciende el Pañuelo Verde
La evidencia recopilada apunta a una conclusión ineludible: la criminalización del aborto funciona como un instrumento de opresión que perpetúa ciclos de pobreza y violencia institucional. Mientras el Senado mantiene su silencio cómplice, la ciudadanía ha comenzado a construir sus propias redes de solidaridad y resistencia.
La verdad que emerge de esta investigación es clara: más allá de los discursos políticos, existe una realidad de persecución sistemática que el Estado mexicano se niega a reconocer. La despenalización no es solo una demanda legítima, sino una deuda pendiente con la democracia.
