En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, un foro en el Congreso desveló una realidad incómoda: el bienestar psicológico de las juventudes LGBTQ+ sigue siendo un derecho postergado. La diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, convocó este espacio no como un mero acto conmemorativo, sino como una trinchera para exigir acciones concretas. ¿Por qué, a pesar de los discursos de inclusión, la salud mental de esta comunidad sigue librando una batalla en la sombra?
La evidencia presentada fue contundente. No se trata solo de sensibilización, sino de un vacío legal y presupuestario que deja desprotegidos a miles. La propia Hernández García tiene una iniciativa pendiente que busca modificar el artículo 1 constitucional para prohibir explícitamente la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Una reforma que, de aprobarse, cambiaría el piso jurídico sobre el que se construyen todas las políticas públicas. Pero, ¿qué sucede mientras la ley no cambia?
Un protocolo nacional en ciernes
Durante el encuentro, el diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de Morena, reveló un avance potencialmente transformador: la elaboración de un protocolo nacional de atención sanitaria para la población LGBTTTIQ+. Este documento, según sus palabras, buscaría homogeneizar y adaptar los servicios de salud en todo el país a las necesidades específicas de este colectivo. Una promesa que, de materializarse, podría significar el fin de la atención discriminatoria y la desinformación en clínicas y hospitales. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿contará con los recursos y la voluntad política necesarios para su implementación efectiva?
La educación como campo de batalla emocional
La investigación periodística llevó a otra arista crítica: las aulas. Alejandro Alcántara Carbajal, legislador del Congreso de Hidalgo, compartió su testimonio sobre la modificación al artículo 39 de la Ley de Educación Superior de su entidad. Esta reforma obliga a las universidades a implementar programas de desarrollo socioemocional, manejo de emociones y prevención de la violencia, con foco en sectores vulnerables como el LGBTQ+. La iniciativa plantea un cambio de paradigma: las instituciones educativas no solo deben formar profesionales, sino también ciudadanos emocionalmente resilientes. ¿Será este el modelo a replicar en todo el país?
La cruda realidad detrás de las fiestas familiares
El testimonio más estremecedor vino de la voz experta. Edurne Balmori, directora de The Trevor Project México, expuso una verdad dolorosa que muchos prefieren ignorar. “Cada diciembre”, explicó, “con los compromisos familiares, muchas juventudes LGBTQ+ no la pasan bien”. La razón es tan simple como devastadora: carecen de espacios seguros en sus propios hogares. La navidad, época de reunión para muchos, se convierte para ellos en un periodo de alta vulnerabilidad emocional, donde la falta de aceptación familiar puede desencadenar crisis profundas.
La conclusión que emerge de este mosaico de testimonios y propuestas es clara: la salud mental de las juventudes LGBTQ+ en México es un asunto de Estado que requiere más que buenas intenciones. Exige reformas constitucionales, protocolos vinculantes, presupuestos etiquetados y un cambio cultural que empiece en las familias y se consolide en las instituciones. La pregunta final que queda flotando en el aire es si la clase política escuchará este llamado o si, una vez más, relegará estos derechos humanos a un segundo plano.
