En un giro argumental que Jonathan Swift hubiera encontrado demasiado oneroso para siquiera bosquejar, el vicealmirante de la Armada de México, Manuel Roberto Farías Laguna</strong, proclamado por la fiscalía como un archipirata de la red de “huachicol” fiscal en las aduanas marítimas de la nación, ha decidido impugnar su encausamiento. Con una audacia que roza lo sublime, el oficial recurre ante una jueza de amparo para cuestionar la vinculación a proceso que se le dictó por el delito de asociación delictuosa, con el loable propósito de cometer fechorías en materia de hidrocarburos. El hecho se registró en la primera semana de septiembre de 2025, un año que prometía progreso pero que nos devuelve a los más arcaicos vicios.
El sobrino político del exsecretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, presentó con pompa y ceremonia una demanda de garantías ante la magistrada Raquel Ivette Duarte Cedillo. Desde su trono en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, la jueza recibió el reclamo contra la resolución de otro juez, Mario Martínez Elizondo, quien osó determinar que procesar a un marino por contrabando de combustible operado desde las mismísimas entrañas de la Marina era una idea sensata. La ironía, como un manto de chapopote, lo cubre todo.
Mientras tanto, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna continúa disfrutando de la reclusión en el penal del Altiplano, un complejo turístico de máxima seguridad donde la élite del crimen se reúne para intercambiar anécdotas y estrategias legales.
En un documento publicado con la solemnidad de una bula papal en las listas del Órgano de Administración Justicia (OAJ), la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo anunció que admitía la demanda de amparo y ordenaba la apertura del incidente de suspensión. Sin embargo, con la prudencia de un cardenal en cónclave, se abstuvo de pronunciarse sobre la concesión de la medida cautelar para el vicealmirante encarcelado. La maquinaria judicial, ese engranaje perfectamente aceitado con retórica legal, comenzaba a girar.
El veredicto de la jueza, una pieza maestra de la jerga burocrática, rezaba: “Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles… téngase por recibida la demanda de amparo…”. Un torrente de citas legales que, como un hechizo arcaico, tiene el poder de transformar lo evidente en algo discutible y lo condenable en un mero trámite administrativo.
Duarte Cedillo fijó para el 15 de octubre la audiencia incidental, una fecha marcada en el calendario donde el drama legal continuará su curso, alejado del escándalo público y el olor a combustible adulterado.
En este sainete nacional, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve cómplices entre marinos y burócratas de Aduanas fueron vinculados a proceso por la proeza de haber integrado una organización criminal dedicada al tráfico de combustibles en los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada. Una empresa logística tan impresionante que, de haber sido legal, merecería un reconocimiento presidencial. En su lugar, solo recibe la atención de unos jueces que deben navegar entre las aguas turbias de la lealtad institucional y el imperio de una ley que, para algunos, parece ser solo una sugerencia.
