La voz ciudadana: un termómetro de desconfianza
Tras décadas observando la compleja relación entre la ciudadanía y sus gobernantes en materia de seguridad, una encuesta reciente confirma una lección dolorosa que he visto repetirse: cuando la respuesta institucional ante un crimen de alto impacto parece tardía o opaca, la desconfianza se instala rápidamente. Más de la mitad de la población en México, un 51%, califica como deficiente o muy deficiente la reacción del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las festividades del Día de Muertos en Michoacán. Esta cifra, obtenida en un sondeo de Enkoll para EL PAÍS y W Radio, no es solo un número; es el síntoma de una herida profunda en el tejido social.
Un crimen que refleja las fracturas del país
El asesinato conmocionó a la nación no solo por la audacia del ataque en plena celebración, sino por los detalles que emergieron: un adolescente de 17 años, presuntamente adicto a las metanfetaminas, actuando bajo las órdenes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En mi experiencia, cuando el crimen organizado recluta a jóvenes en tal estado de vulnerabilidad, evidencia una penetración social alarmante. Aunque los autores materiales están muertos—el atacante fue abatido y sus cómplices hallados sin vida—, la incógnita sobre los mandos intelectuales y el móvil exacto persiste. Y es aquí donde, como he aprendido, la falta de respuestas claras alimenta el escepticismo. Solo un 34% de los consultados cree que se castigará a todos los involucrados, mientras que un 24% directamente anticipa impunidad total.
La inseguridad: una preocupación que no cede
La encuesta, aplicada a más de 1,200 personas a finales de noviembre, ratifica lo que cualquier análisis serio de los últimos años muestra: la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico se mantienen como la principal angustia nacional para el 51% de los mexicanos. He visto cómo estas cifras se estancan en niveles críticos, a pesar de los cambios de administración y las nuevas estrategias anunciadas. El discurso oficial de una política basada en inteligencia e investigación choca frontalmente con la realidad cotidiana de cerca de 30,000 homicidios anuales y una tasa de violencia que nos sitúa entre los países más peligrosos de la región. A esto se suma, como una sombra que crece, el aumento de desapariciones forzadas y la expansión territorial de los grupos delictivos.
La percepción sobre la estrategia: un balance negativo
En este contexto, los datos son elocuentes y crudos. Solo un 5% identifica el combate a la delincuencia como el principal logro de esta administración. Por el contrario, un 21% considera que el Gobierno no ha enfrentado el problema con la contundencia necesaria. Incluso un pequeño pero significativo 3% percibe una complicidad o una cercanía peligrosa con los grupos criminales. Esta percepción, aunque minoritaria, es una señal de alarma roja que ningún gobierno puede ignorar. La lección es clara: en seguridad, las percepciones, aunque subjetivas, construyen (o destruyen) la legitimidad de las autoridades.
Un panorama que se percibe en deterioro
Finalmente, la conclusión del estudio es sombría y confirma una tendencia que analistas hemos estado señalando: más de la mitad de la población considera que tanto la seguridad como la lucha contra la corrupción han empeorado en estos primeros catorce meses de gobierno. La ciudadanía sigue reportando como amenazas cotidianas los asaltos callejeros, los robos a hogares y comercios, y el hurto de autopartes, mientras que los homicicios y las ejecuciones se mantienen como la segunda gran preocupación. Desde mi perspectiva, estos resultados no son un simple revés en una encuesta; son un recordatorio urgente de que, sin resultados tangibles y transparentes, la confianza se erosiona y el camino para recuperarla se vuelve cada vez más escarpado.
