La militarización de la Guardia Nacional revela nuevas facultades encubiertas

En un movimiento que ha desatado intensos debates y divisiones políticas, la Cámara de Diputados aprobó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otorgándole facultades para realizar operaciones encubiertas y acceder a datos privados de ciudadanos. La decisión, respaldada por 351 votos a favor —principalmente de Morena y sus aliados—, contrastó con los 124 votos en contra de la oposición, que denunció riesgos para las libertades civiles.

La reforma, que modifica ocho ordenamientos legales —siete de ellos militares—, establece que la Guardia Nacional estará integrada por personal castrense con formación policial, bajo el mando de un General de División designado por el Ejecutivo. Más allá de su estructura jerárquica, el texto legal faculta a los elementos para intervenir comunicaciones privadas, geolocalizar dispositivos móviles en tiempo real y emplear técnicas de usuarios simulados, medidas previamente declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte.

Documentos obtenidos durante la discusión revelan cláusulas polémicas: los integrantes de la corporación quedarán sujetos al fuero militar y podrán obtener “licencias especiales” para contender en elecciones o ocupar cargos públicos. “Esto consolida un ejército paralelo con influencia política”, advirtió la diputada opositora Laura Ballesteros, quien recordó que Morena había criticado la militarización durante gobiernos anteriores.

Testimonios de expertos en seguridad consultados para esta investigación alertan sobre riesgos no divulgados: “Las operaciones encubiertas sin supervisión civil pueden derivar en abusos”, señaló un exagente de inteligencia bajo condición de anonimato. Mientras tanto, el morenista Gerardo Ulloa defendió la reforma como “un paso necesario para la seguridad nacional”, aunque omitió explicar por qué se eliminaron salvaguardas de transparencia.

El debate parlamentario —teñido de enfrentamientos personales y acusaciones de “narco-gobierno”— dejó al descubierto tensiones históricas. Una grabación exclusiva captó el momento en que el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, se refirió a la panista Margarita Zavala como “la esposa de Calderón”, desatando un caos de empujones y gritos que obligó a suspender la sesión.

Lo que comenzó como una reestructuración administrativa termina por plantear preguntas incómodas: ¿Se está construyendo un aparato de vigilancia masiva? ¿Por qué se aceleró la votación sin análisis independientes? Las actas muestran que 40% de las reservas opositoras fueron desechadas sin discusión. Mientras el proyecto avanza al Senado, organizaciones civiles preparan amparos, argumentando que la reforma viola el principio constitucional de seguridad pública civil. La militarización, según evidencian estos documentos, podría ser sólo la punta del iceberg.