La nación decreta una tregua en la guerra conyugal
En un sorprendente giro de los acontecimientos que ha dejado perplejos a los augures de la moral tradicional, el sagrado ritual del matrimonio y su antítesis liberadora, el divorcio, han experimentado una misteriosa contracción en el territorio nacional. El oráculo burocrático, conocido por los mortales como Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha desvelado que estas instituciones gemelas llevan dos ejercicios consecutivos en declive, como si los ciudadanos hubieran declarado simultáneamente una tregua en el frente del amor romántico y en el campo de batalla del desamor conyugal.
El año pasado se contabilizaron 486 mil 645 ceremonias nupciales, una cifra que representa un descenso del 3.0% respecto al periodo anterior. La tasa de estas alianzas sagradas por cada mil habitantes adultos se desplomó hasta los 5.4 contratos, demostrando que la población prefiere cada vez más la compañía de sus mascotas o plantas de interior antes que someterse al sublime suplicio de la convivencia marital.
El mapa conyugal del país presenta curiosas anomalías dignas de estudio antropológico. Quintana Roo, con 7.7 uniones por cada mil adultos, lidera este peculiar ranking, seguido de cerca por Sinaloa (7.1) y Campeche (7.0). Mientras tanto, en Tlaxcala y la Ciudad de México (ambas con 3.4) los ciudadanos parecen haber descubierto el secreto de la felicidad individual, demostrando una saludable resistencia a la presión social de emparejarse.
En un sublime gesto de igualdad ante el altar del sufrimiento compartido, se registraron 6 mil 312 enlaces entre personas del mismo sexo. De estos pactos de coexistencia, 3 mil 879 correspondieron a mujeres y 2 mil 433 a hombres, demostrando que el deseo de regular jurídicamente los afectos no entiende de fronteras de género.
El armisticio del divorcio
Paralelamente, en el frente de la liberación conyugal también se observa un inexplicable repliegue. Durante 2023 se consumaron 161 mil 932 separaciones legales, un 1.0% menos que en el ejercicio precedente. Cabe destacar que el 89.6% de estas rupturas requirió la intervención de los tribunales, mientras que un modesto 10.4% se resolvió por la vía administrativa, como quien devuelve una compra defectuosa sin necesidad de pleitear con el fabricante.
La tasa nacional de disoluciones matrimoniales se situó en 1.79 por cada mil habitantes adultos, ligeramente inferior al 1.82 del año anterior. Campeche se coronó como la entidad más diligente en poner fin a los compromisos fallidos con una tasa de 4.9, seguida por Nuevo León (3.5) y Tamaulipas (3.3). En el extremo opuesto, Veracruz (0.9), Chiapas (1.2) y el Estado de México (1.2) parecen especializarse en el arte de la resignación conyugal.
Las causas esgrimidas para disolver estos pactos sociales revelan nuestra moderna filosofía existencial: el divorcio incausado acaparó el 67.2% de los casos, seguido del mutuo consentimiento (31.3%), como si las parejas hubieran descubierto que no se necesitan excusas elaboradas para reconocer que han cometido un error monumental. Solo un residual 0.8% alegó la separación del hogar conyugal por más de un año, probablemente porque en la era digital ni siquiera es necesario abandonar físicamente el domicilio para estar emocionalmente a años luz del cónyuge.
Este fenómeno estadístico plantea inquietantes interrogantes: ¿Estamos ante el ocaso de la institución matrimonial o simplemente los mexicanos han desarrollado una sabia aversión a documentar burocráticamente sus fracasos sentimentales? La respuesta, como todo en el amor y la guerra, permanece en el misterioso reino de lo impredecible.
