La noche en que el horror irrumpió en una casa de San Cristóbal

En un acto que demuestra la eficiencia criminal que caracteriza a nuestro paraíso fiscal balístico, una familia fue ejecutada con precisión militar en San Cristóbal de la Barranca, porque nada dice “progreso” como cadáveres de un niño de 2 años junto a una carretera federal. La Fiscalía de Jalisco, esa institución que siempre llega justo a tiempo para tomar fotos, confirmó que los cuerpos presentaban perforaciones democráticas (balazos, para los no iniciados en la jerga jurídica).

Según testigos (que inmediatamente dejaron de serlo por cuestiones de esperanza de vida), los visitantes nocturnos —probablemente turistas del crimen organizado— realizaron una intervención quirúrgica social con armas de fuego. El único sobreviviente, un niño de 9 años, protagonizó una odisea kafkiana caminando kilómetros en la oscuridad, demostrando que en México hasta las tragedias tienen requisitos de supervivencia extremos.

La maquinaria burocrática del horror se puso en marcha: la Agencia del Ministerio Público de Tequila (sí, el mismo municipio que exporta bebidas espirituosas e importa cadáveres) delegó el caso a la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada en No Encontrar a Nadie. Mientras tanto, el menor fue enviado a Ciudad Niñez, donde seguramente aprenderá valiosas lecciones como “cómo identificar ráfagas de fusil” o “primeros auxilios para huérfanos por violencia”.

Este episodio confirma que en el México contemporáneo, la frase “seguridad familiar” es un oxímoron, y que las barrancas de Jalisco siguen siendo el depósito final más eficiente, superando incluso a los trámites gubernamentales.