La nueva Corte designa al órgano que gestionará el Poder Judicial

La primera decisión de los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes tomarán protesta este lunes, será la designación de los integrantes del crucial Órgano de Administración Judicial (OAJ). Este organismo, que gestionará los recursos y supervisará la operación del Poder Judicial, se convierte en el primer test de fuego para la recién constituida Corte.

Hugo Aguilar Ortiz, el próximo Ministro Presidente del máximo tribunal, reveló mediante un comunicado que el acuerdo se alcanzó el jueves durante la séptima reunión de los nueve Ministros electos el pasado 2 de junio. Pero, ¿qué decisiones críticas se están tomando detrás de puertas cerradas?

“En esta sesión tomaron nota del conjunto de decisiones administrativas que, derivado del proceso de transición, debe tomar el Órgano de Administración Judicial a la brevedad”, informó Aguilar Ortiz. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué urgencias administrativas requiere atender de inmediato el nuevo órgano?

Frente a este escenario, los Ministros resolvieron que una de sus primeras determinaciones será el nombramiento, el próximo 1 de septiembre, de las tres personas integrantes del OAJ que corresponde designar a la Suprema Corte. Aguilar enfatizó que quienes resulten designados deberán incorporarse de manera inmediata a sus funciones para agilizar las decisiones administrativas pendientes.

El OAJ, que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura eliminado mediante la reforma judicial, estará compuesto por cinco integrantes. Tres serán nombrados por la Corte, uno por el Senado de la República y otro por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria anunció el 21 de agosto que propondrá al abogado Néstor Vargas, su Consejero Jurídico durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Representa esta designación una continuidad del proyecto jurídico de la actual administración?

Al Senado corresponde nombrar a otro integrante, pero este proceso se postergará hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones, ya que la Constitución no faculta a la Comisión Permanente para realizar esta designación. Este vacío temporal plantea interrogantes sobre la operación inicial del organismo.

La postura opositora: ¿legitimidad en entredicho?

Mientras se desarrollan estos nombramientos, la bancada del PAN en el Senado y su dirigente nacional, Jorge Romero, acordaron que los legisladores asistirán a la sesión de toma de protesta de los 881 ministros, magistrados y jueces programada para el 1 de septiembre.

En rueda de prensa durante la reunión plenaria de la bancada panista, Romero confirmó la asistencia de los senadores, pero advirtió que acudirán con la idea de expresarse durante la sesión. Acompañado por quince senadores, aclaró que “no vamos a llegar a aplaudir este proceso” porque es un Poder Judicial que no llega con legitimidad.

Esta declaración abre un frente de cuestionamiento: ¿sobre qué bases se cuestiona la legitimidad del nuevo Poder Judicial? Romero añadió que “tenemos fe en el nuevo Poder Judicial” y esperan que sus resoluciones en matters como la llamada “ley espía” y la “ley censura” les permitan ganar legitimidad.

El dirigente panista recalcó la importancia fundamental de lo que ocurrirá el lunes en el Senado, afirmando estar convencido de que se requiere y exige su presencia. “El lunes lo que queremos es expresarnos”, puntualizó, dejando entrever que la jornada podría estar marcada por manifestaciones de disenso.

Estos desarrollos plantean un escenario complejo para el inicio de funciones del nuevo Poder Judicial, donde las decisiones administrativas inmediatas se entrelazan con profundos cuestionamientos políticos sobre su legitimidad y independencia.