¿Fue la tragedia evitable? Tras la explosión bajo el puente La Concordia en Iztapalapa, un evento que cobró 29 vidas y dejó una docena de hospitalizados, las autoridades federales han respondido con una medida sin precedentes. La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) han publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que hace obligatorios los sistemas de seguimiento satelital GPS, balizado y código QR para todas las pipas que transportan hidrocarburos.
Pero, ¿qué tan efectivas serán estas disposiciones administrativas? Nuestra investigación se adentra en los detalles de la normativa que entra en vigor inmediatamente. Todas las unidades de transporte, incluyendo tractocamiones y semirremolques, deberán portar un balizado permanente y visible, junto con un código QR único e intransferible emitido por la CNE. Estas calcomanías, diseñadas para ser resistentes y reflejantes, contendrán la clave para verificar electrónicamente la legalidad de la unidad, los seguros vigentes y, crucialmente, las rutas y volúmenes transportados.
La pregunta que surge es: ¿quién tendrá acceso a esta información? El Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP) se erige como la herramienta tecnológica central. Según el documento, la ciudadanía tendrá un acceso parcial, mientras que las autoridades dispondrán de los datos completos. ¿Garantiza esto la transparencia o abre la puerta a un control discrecional?
El requisito más significativo, sin embargo, es la instalación de un sistema de geolocalización GPS activo y certificado, con transmisión en tiempo real bajo protocolos seguros. La omisión o manipulación de este dispositivo será considerada una falta grave. ¿Podría este monitoreo constante haber prevenido el desastre en Iztapalapa? Los registros de viaje, que deben conservarse por al menos 12 meses, se convierten ahora en un testimonio digital de cada trayecto.
La narrativa oficial presenta al SIRACP como un mecanismo para fortalecer la supervisión regulatoria y auxiliar a las autoridades de seguridad pública. No obstante, la investigación revela que la verdadera prueba será la implementación. Conectando los puntos, la nueva regulación es una respuesta directa a una falla catastrófica del sistema. La conclusión es clara: mientras el gobierno busca cerrar las grietas expuestas por la tragedia, la vigilancia ciudadana será fundamental para determinar si estas medidas tecnológicas se traducen en seguridad tangible o simplemente en una ilusión de control.
