El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará una reunión de urgencia este lunes, en respuesta directa a los eventos del pasado sábado en Venezuela. La convocatoria, impulsada por Colombia y respaldada formalmente por Rusia y China como miembros permanentes del órgano, fue aprobada por la presidencia rotatoria que ejerce Somalia.
La sesión, programada para las 10:00 horas locales en Nueva York, está catalogada oficialmente como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, un marco que subraya la gravedad con la que la comunidad internacional observa la situación.
El detonante de esta movilización diplomática sin precedentes fue una operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano. Según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, la acción consistió en un ataque a gran escala que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Ambos fueron trasladados fuera del país.
Los ataques aéreos, según informaciones, impactaron infraestructuras tanto civiles como militares en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, causando víctimas mortales, aunque las cifras exactas no han sido detalladas. La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. A través de su embajador ante la ONU, Samuel Moncada, solicitó formalmente esta reunión del Consejo de Seguridad.
En una carta dirigida al órgano, Moncada calificó la acción como una “guerra colonial” cuyo objetivo, según su perspectiva, es destruir la forma de gobierno republicana de Venezuela para imponer una administración títere que facilite el control de los vastos recursos naturales del país, incluidas sus enormes reservas de petróleo. Esta narrativa sitúa el conflicto en el terreno de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación, principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Posteriormente, Maduro fue visto descendiendo esposado de un avión militar Boeing 757 en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el norte del estado de Nueva York. La operación de traslado y custodia, que involucró a decenas de agentes de diversas agencias federales estadounidenses como el FBI y la DEA, se desarrolló bajo condiciones de extrema seguridad y un frío intenso.
Su llegada a suelo estadounidense materializa una escalada que trasciende lo diplomático para entrar en el ámbito de la acción judicial y penal internacional.
Esta postura refleja el delicado equilibrio que el organismo debe mantener, condenando la violencia y la violación de la soberanía sin legitimar, al mismo tiempo, regímenes cuestionados interna y externamente. La reunión del lunes se perfila, por tanto, como un foro crítico donde chocarán narrativas diametralmente opuestas.
Por un lado, la postura de Estados Unidos y sus aliados, que probablemente justificarán la acción como una medida necesaria para restaurar la democracia y la estabilidad en un país sumido en una crisis humanitaria y política prolongada. Por otro, la posición de Venezuela, Rusia, China y otros países que verán en este acto una flagrante violación del derecho internacional y un caso de intervencionismo que amenaza el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados.
El respaldo de Rusia y China a la convocatoria no es un gesto menor; indica que utilizarán su estatus de miembros permanentes para llevar el debate al más alto nivel y posiblemente presentar una resolución que condene la acción estadounidense. El impacto práctico de esta sesión es incierto, dado el derecho a veto que poseen las potencias permanentes. Sin embargo, su valor simbólico y político es enorme.
Marca un punto de inflexión en la crisis venezolana, internacionalizando de la manera más dramática posible un conflicto que hasta ahora se había librado en el terreno de las sanciones económicas, la presión diplomática y la guerra política.
El resultado de este encuentro no resolverá la situación sobre el terreno, pero definirá los límites de lo aceptable en la política internacional contemporánea y sentará las bases para la respuesta coordinada, o la falta de ella, de la comunidad global ante un acto de fuerza de esta magnitud. La credibilidad del sistema de seguridad colectiva de la ONU, diseñado precisamente para prevenir este tipo de acciones unilaterales, se verá sometida a una prueba severa en los próximos días.
