La ONU revela cómo el crimen organizado esclaviza a comunidades indígenas

En un giro tragicómico del “progreso” neoliberal, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) descubrió lo que cualquier niño de primaria con acceso a Google Maps ya sabía: las comunidades indígenas son el supermercado favorito de los traficantes de personas. Mujeres y niñas, convenientemente empobrecidas por siglos de discriminación estructural, ahora son mercancía de lujo en el catálogo de la explotación sexual y la servidumbre doméstica.

La UNODC, con la solemnidad de un notario redactando el testamento de la humanidad, señaló que la pobreza y la marginación —ese cóctel molotov fabricado por el Estado— son el mejor aliado de las mafias. “Condiciones que los tratantes han explotado”, declararon, en lo que podría ser el eufemismo del año, junto con “daños colaterales” para referirse a niños masacrados.

Para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (esa fecha que todos marcan en el calendario con un emotivo “¿esto existe?”), la ONU lanzó una campaña titulada “Agentes de Cambio”. Una iniciativa tan revolucionaria como enseñar a pescar en un desierto, pero con videos animados y spots de radio en lenguas originarias, porque nada combate mejor el crimen organizado que un jingle en tsotsil.

Stacy de la Torre, oficial de la UNODC, prometió “enfoque territorial y pertinencia cultural”, lo que en cristiano significa: “Intentaremos no decir ‘trata de personas’ en español mientras señalamos a las víctimas con un puntero láser”. Mientras tanto, Rebeca Nieves, de la Segob, presumió la colaboración interinstitucional, ese ritual burocrático donde todos firman acuerdos y nadie lee la letra pequeña que dice “los presupuestos se los gastaron en cafés gourmet”.

La joya de la corona es el manual para reportar casos, porque ¿qué mejor que un PDF contra redes criminales que operan con efectivo y amenazas? Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, concluyó el circo declarando la guerra a los matrimonios arreglados, aunque omitió mencionar que muchos ocurren a 15 km de los palacios de gobierno, con la complicidad de autoridades locales que cobran su mochada.

Así, entre infografías y reuniones interminables, el sistema demostró su fórmula infalible: documentar atrocidades, generar estadísticas espeluznantes y después… esperar a que el algoritmo de TikTok las haga virales.