La prohibición de vapeadores en México alimenta un mercado clandestino

Seis meses después de su implementación, la reforma constitucional que prohíbe los vaporizadores en México ha generado un efecto contrario al esperado: el auge de un mercado negro que no solo evade impuestos, sino que facilita el acceso a menores y fortalece al crimen organizado. Organizaciones especializadas denuncian que, lejos de combatir el tabaquismo, la medida ha obstaculizado el acceso a alternativas menos dañinas para quienes buscan dejar el cigarrillo tradicional.

En el marco del Día Mundial del Vapeo, expertos internacionales y activistas locales revelaron datos alarmantes: desde enero de 2025, el 80% de la venta de dispositivos se ha trasladado a la clandestinidad. Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, señaló con preocupación cómo negocios formales, que operaban bajo amparos legales, han desaparecido progresivamente, dejando el campo libre a redes ilícitas.

Lo más inquietante, según documentos obtenidos por este medio, es que la reforma contradice abiertamente un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2021, que declaró inconstitucional prohibir estos dispositivos. ¿Por qué el gobierno insistió en una medida que vulnera la división de poderes? Fuentes cercanas al Legislativo sugieren presiones de grupos antitabaco con intereses no del todo transparentes.

Mientras México retrocede, otros países avanzan. Jorge Palma, presidente de ASOVAPE Perú, detalló cómo su país logró en 2024 un marco regulatorio basado en evidencia científica, siguiendo el ejemplo de Chile y Colombia. “La clave fue el diálogo con autoridades sanitarias, no la prohibición”, afirmó. Datos de la OMS revelan que naciones con regulación estricta pero no prohibitiva muestran mayores tasas de abandono del tabaco tradicional.

El Dr. Rafael Lara, experto en derechos constitucionales, fue más allá: “Esta reforma viola tres garantías fundamentales: el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el acceso a información veraz”. Documentos internos del Congreso obtenidos en exclusiva muestran que las advertencias sobre estos riesgos fueron ignoradas durante el proceso legislativo.

La gran pregunta que queda en el aire: ¿Quién se beneficia realmente con esta prohibición? Mientras las autoridades insisten en su postura, el mercado negro sigue creciendo… y con él, los riesgos para la salud pública.